“A ningún concesionario se le regala nada”
El catedrático de Puertos y Costas de la Universidad Politécnica de Valencia, Vicente Esteban Chapapría, ha hecho hincapié en que los procesos de adjudicación de nuevas infraestructuras en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Valencia siguen todo el marco legal.
- 06 julio 2020 20:41
- Última actualización
07 julio 2020 08:20
Estas declaraciones las ha realizado Chaparía durante el segundo webinar organizado por la Fundación Scito en torno a la ampliación del puerto de Valencia. Chapapría ha estado acompañado por Jordi Sebastiá, ex diputado del Parlamento Europeo y vecino de La Punta; Antonio Montiel, profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Valencia y fundador del colectivo Per L’Horta; y por Mercedes Almenar, profesora de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
A preguntas de Diario del Puerto, tanto Sebastián como Montiel, que se han mostrado muy críticos con el proyecto de ampliación del puerto y con la gestión que del mismo está realizado la Autoridad Portuaria de Valencia, han apostado por un modelo portuario de proximidad, de abastecimiento de la ciudad y respetuoso con el medio ambiente, que potencie el tráfico de import/export en detrimento del trasbordo y transparente en su toma de decisiones.
Chapapría, por su parte, ha recordado a los ponentes que el hinterland portuario “no es solo la ciudad, sino que va mucho más allá”. En ese sentido, ha incidido en la apuesta de la Autoridad Portuaria de Valencia por sufragar las obras de mejora de la conexión ferroviaria entre Sagunto y Zaragoza o por potenciar su presencia en zonas logísticas con las que aportar valor añadido.
En cuanto a la sostenibilidad, el catedrático de la UPV es partidario de un crecimiento compatible con el cuidado del medio ambiente. “Ojalá hubiera más acciones como las que está acometiendo el Puerto en materia de sostenibilidad en el resto de España”, ha asegurado, y ha demandado una mayor apuesta para potenciar el transvase de mercancías de la carretera al ferrocarril.
Gobernanza
Por otro lado, Chapapría ha lamentado que el modelo de gobernanza portuaria en España es “abiertamente mejorable” y ha pedido articular medidas para que la sociedad civil tenga una mayor participación en los órganos de dirección portuarios.
Con todo, ha recordado que todas las decisiones referentes a procesos administrativos “se toman respetando toda la legalidad”, en alusión a las críticas tanto al proyecto de la ZAL Valenciaport como en la adjudicación de la Terminal Norte del puerto de Valencia.
“A ningún concesionario se le regala nada”, ha afirmado, respondiendo a las facilidades que, según Montiel, se estarían dando a los posibles futuros concesionarios de las nuevas terminales del puerto de Valencia (MSC y Baleària) y ha incidido en que la cobertura de las inversiones públicas portuarias para el desarrollo de esas nuevas terminales “están garantizadas con los cobros de las tasas” que generará ese nuevo concesionario.
Mercedes Almenar ha incidido en que las evaluaciones ambientales no se realizan sobre anteproyectos, sino en torno a proyectos definitivos. ¿Quién decide sobre una hipotética nueva DIA?A preguntas de Diario del Puerto, Mercedes Almenar ha asegurado que “debe ser el órgano ambiental de la Administración Central quien decida si es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental”.
Ha matizado que, una vez que Puertos del Estado redacte el proyecto definitivo, será el Ministerio de Transición Ecológica el que tenga la última palabra sobre si es necesaria una nueva DIA en base a un informe que deberá elaborar y en el que deberá dilucidar si el nuevo proyecto tendrá efectos distintos no recogidos en la evaluación ambiental anterior y si las nuevas modificaciones suponen un cambio sustancial en el proyecto. De ser así, se debería exponer a información pública el proyecto definitivo y realizar una nueva DIA. “Debemos trabajar siempre con criterios técnicos”, ha afirmado Almenar.
Con todo, en la polémica de la necesidad o no de otra evaluación ambiental, Chaparía ha recordado que la DIA de 2007 establecía la obligación de realizar un seguimiento tanto de las propias obras de la ampliación como de los efectos posteriores durante cinco años. “En ninguno de los dos casos, se concluyó que la Ampliación Norte tendría una afectación adicional sobre las playas del norte y el sur de Valencia”, ha asegurado.Durante su intervención, Montiel ha llegado a asegurar que la DIA original del proyecto habría caducado en diciembre del pasado año.
Así, tanto Chaparía como Almenar han recordado que las Declaraciones de Impacto Ambiental se realizan en torno a proyectos y no con anteproyectos, por lo que "deberemos esperar a que Puertos del Estado presente el proyecto definitivo para analizar si es necesaria o no esa nueva DIA".