Me preguntan estos días si el penúltimo escalón para la culminación de la reforma de la estiba es bueno o malo para el sector, un maniqueísmo inconcebible para todo estudioso de cualquier materia pero, como servidor es periodista, me voy a permitir la licencia. En mi opinión el nuevo real decreto ley 9/2019 de estiba es bueno para el sector, por una serie de consideraciones de brocha gorda y otras tantas de trazo fino.
En cuanto a lo general: ahora mismo, cualquier acuerdo que, de una vez por todas, dé continuidad a la reforma aprobada en 2017 y, sobre todo, concrete los distintos frentes abiertos sobre la base de un evidente consenso con los agentes sectoriales, no puede ser sino algo bueno, porque el sector no se puede permitir ni un día más de inseguridad jurídica e inestabilidad.
Ese acuerdo se ha logrado en una mesa negociadora un tanto marciana, con la notoria ausencia de Puertos del Estado y la presencia del Grupo Parlamentario Socialista, enlace con un Congreso que ha terminado validando el real decreto. Sea como fuere, suyo es el logro y suyo es el mérito, no sin obviar que este real decreto en modo alguno enmienda ninguno de los principios del real decreto ley de 2017, es decir, que aquellos que laboraron denodadamente por derribarlo ahora se han limitado simplemente a matizarlo, lo cual es sumamente significativo.
Porque el nuevo real decreto ley es eso, matices, necesarios pero nada más ni nada menos, dando seguridad jurídica por acá, reforzando normativamente por allá y, por supuesto, teniendo que sacar del fango algunas originalidades bienintencionadas pero peligrosas.
En cuanto al trazo fino, por un lado, rendidos como nos rendimos en 2017 a la subrogación, ahora no había otra salida por el bien del sector que su refuerzo con rango de ley, por cierto, algo que se nos dijo en su día que no era posible, sin olvidar que aquí se sigue consagrando que la mesa negociadora del convenio es la soberana, aunque la CNMC siga sosteniendo una espada de Damocles donde hasta ahora todo el pescado parecía vendido.
Por otro, lo del contrato para la formación y el aprendizaje se antoja práctico, para empresas y trabajadores. A aquellos que esto les despierta los fantasmas del enchufismo y el coladero hay que remitirles a esa consagración, también con rango de ley, del quién dirige, organiza y controla la actividad laboral en las empresas, a partir de ahora, porque había dudas, las empresas. Ojalá se aplique la ley.
Por lo demás, y terminamos con el fango: los CPE eran un anzuelo que ha estado a punto de devorarnos. Era una cortina de humo para hacer a los estibadores menos traumática la transición, pero que los sindicatos supieron dar la vuelta a su favor para sumirnos en la amenaza de una inadmisible excepcionalidad.
Y este abismo que dejó el primer real decreto ley abierto también había que “rellenarlo” ahora en el nuevo real decreto ley, de tal forma que estando el mal ya hecho por no haberse derivado todo hacia un ámbito genérico de ETTs, tocaba reconocer cierta especificidad sin rendirse a la excepcionalidad, igualándose a todas las proveedoras de personal por lo específico, sin que en mi opinión haya excesivas rigideces discriminatorias.
Por tanto, llegados a este punto y dado el contexto actual, este nuevo real decreto ley es lo que tocaba.
Eso sí, no olviden que esto dura y dura. Por ahí asoma ya el proyecto de reglamento, para prejubilar a un 9% de las plantillas con un coste máximo de 104,2 millones de euros. ¡¡104,2!!
¿Y esto es bueno o es malo? Me doy una semana para la reflexión...
