La Asociación de Transportistas Autónomos del Puerto de Bilbao (ATAP) es ya una ex-asociación. Algo así como el loro de la tienda de animales que regentaba Mr. Praline (John Cleese) en el recordado sketch de los Monty Python. Un ex-loro. Pero a diferencia del “Norwegian Blue” de los Python, la defunción de una asociación o sindicato no es ninguna broma. Sin embargo, sí hay que reconocer que Competencia, en este caso la Autoridad Vasca de la Competencia, ha hecho su trabajo, y que la Justicia, tanto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como el Tribunal Supremo, han hecho también el suyo. Porque una cosa no quita la otra.
Nos encontramos entonces que el boicot que los transportistas autónomos del Puerto de Bilbao ejercieron sobre los buques de Maersk durante unos pocos días del mes de julio de 2014, les ha salido caro tanto a ATAP como a las empresas Cecotrans-Biz y Transportes del Puerto de Santurtzi (TPS) que, según confirmó la sentencia, lo protagonizaron.
Conviene saber, de todas formas, que no han sido Competencia ni los Tribunales quienes han clavado el prefijo ex- en los citados nombres. El clavo se lo han puesto ellos mismos con unas conductas que contravienen el principio de la libre competencia. No debemos olvidar que la libre competencia tiene un efecto beneficioso en la economía ya que incentiva a las empresas a ser más eficientes, innovar y mejorar la calidad de sus productos con el fin de atraer la preferencia de los consumidores. No debemos olvidar tampoco que la libre competencia beneficia directamente a los consumidores, que terminamos pagando menores precios y podemos optar a más y mejores productos que en el escenario de un monopolio o un escaso nivel de competencia. La teoría económica no es perfecta, como tampoco existe una competencia pura y perfecta, pero al menos habrá que cuidar para que sea lo menos imperfecta posible.
Por lo que respecta a las dos empresas citadas, ambas avalaron sus multas, de 508.344 euros, en el caso de Cecotrans-Biz, y de 248.308 euros, en el de TPS, ante el TSJPV y, actualmente, se están realizando los trámites para la ejecución de dichos avales. En el caso de ATAP, la multa de 800.000 euros impuesta por la Autoridad Vasca de la Competencia y cuya proporcionalidad en consideración a los hechos analizados ha sido, al igual que con las empresas, ratificada por la Justicia, no ha sido satisfecha en el plazo voluntario, que vencía a principios de enero. En este momento, la reclamación de la deuda se encuentra en vía ejecutiva. La sentencia es firme y, a pesar de la disolución de ATAP, el pago se tendrá que hacer efectivo por los agentes o entidades que, por derivación o sucesión, tengan que asumir dicha responsabilidad. Ante esta situación, cabe preguntarse si la disolución de ATAP obedece a una imposibilidad real de afrontar el pago de la sanción o a un intento de eludir la acción de la Administración, tanto por parte de Competencia como de la Justicia. Creo que la duda es fundada.
No se cuánto tiempo pasará hasta que se cree una nueva asociación que vuelva a disputar el liderazgo sindical a Asotrava (antes Sintrabi, multada en 2011 con 4,6 millones de euros por imponer tarifas y repartir el mercado entre los participantes del cártel del transporte en el Puerto de Bilbao. Por cierto, ¿se pagaron esos 4,6 millones de euros?).
Y yo me pregunto, antes de disolver ATAP, ¿no se podrían haber recaudado 800.000 euros solidariamente entre sus casi 600 asociados a razón de 1.500 euros cada uno? Yo no tengo forma de librarme de las derramas en mi comunidad de vecinos. Y no quisiera tener que llegar a disolverme para no pagarlas...
