El impuesto de emisiones “no es elevado”, pero es “un suma y sigue de penalizaciones al sector”
El transporte de mercancías urbano supone un servicio esencial para la sociedad en su conjunto que, con las nuevas normativas para combatir la contaminación, sufre el impacto de ellas en mayor o menor medida.
- 06 septiembre 2021 01:00
- Última actualización
03 septiembre 2021 16:36
Recientemente, la Agencia Tributaria Catalana publicó el padrón definitivo de los vehículos que deben pagar el impuesto sobre las emisiones de CO2. Además de las motocicletas y turismos, “el transporte de mercancías por carretera” también queda, en parte, afectado, explica a Diario del Puerto Carlos Folchi, secretario general de la Asociación General de Autónomos-Pymes Transportistas de Catalunya (AGTC), ya que se incluyen los camiones y furgonetas de menos de 3,5 toneladas, quedando, eso sí, excluidos los vehículos que superen esta cifra.
Tal y como confirman fuentes de la Generalitat de Catalunya consultadas por este diario, respecto a la distribución urbana de mercancías, “los vehículos que emitan más de 160 gramos de CO2 (vehículos más contaminantes) sí que deberán tributar”. En cambio, “la DUM realizada con vehículos comerciales poco contaminantes o eléctricos quedarán fuera de esta tributación”. Concretamente, el padrón de la Generalitat contabiliza un total de 257.443 furgonetas N1 de menos de 3,5 toneladas que deben pagar este impuesto.
Por su parte, Carlos Folchi recuerda que, a pesar de que el impacto económico de este impuesto no es muy elevado, supone una “sobreimposición en un sector suficientemente castigado”.
En este sentido, la Generalitat ha fijado diferentes tributos en función de las emisiones. “Las furgonetas que emitan más de 160 gramos de CO2 pagarán a partir de 6 euros y, a partir de ahí tributarán 0,3 euros adicionales por cada gramo de emisiones adicional”, especifican. Por ejemplo, añaden, “por unas emisiones de 300 gramos de CO2 pagarán 42 euros anuales”.
“Solo restricciones”
Para Carlos Folchi, “la percepción del sector es que la Administración no apoya ni facilita la actividad y solo recibimos restricciones o penalizaciones económicas como el impuesto del CO2”. A ello se suma el impuesto por el consumo de combustibles, teniendo en cuenta que el sector “somos uno de los que más consumimos hidrocarburos” y, esto, “al final lo asume el pequeño autónomo”. Por otra parte, el secretario general de AGTC recuerda que el sector “está trabajando con precios de hace 20 años y la vida se ha encarecido”, por lo que esta situación “es un suma y sigue de penalizaciones al sector”.
“La percepción del sector es que la Administración no apoya la actividad y solo recibimos restricciones o penalizaciones económicas”
En otro orden de cuestiones, Folchi destaca que, a pesar del levantamiento de barreras en determinadas autopistas catalanas, sigue en la agenda el pago por el uso de carreteras y el “pago por contaminar”. En esta coyuntura, el transporte de mercancías por carretera espera no ser incluido.
“En estos momentos no hay alternativas para que contaminemos menos”, reitera Folchi. Además, “el transporte y el servicio de mercancías es una necesidad que va en beneficio de todo el conjunto de la sociedad y la Administración debería dotarnos en serio” y, sin embargo, “los inputs que recibimos es un sistema de imposición por el uso de la vía pública”.
"El transporte y el servicio de mercancías es una necesidad que va en beneficio de todo el conjunto de la sociedad y la Administración debería dotarnos en serio”
ZBE BarcelonaEl 1 de enero de 2022 finaliza la moratoria para que el transporte de mercancías por carretera cumpla con la normativa de la ZBE de Barcelona y, a día de hoy, el sector aún no ha podido reunirse con la Generalitat, Ayuntamiento y AMB, aunque confían cerrar el encuentro en breves.
Folchi recuerda que las asociaciones cancelaron las movilizaciones “en tanto se abriera una mesa y entorno de diálogo” pero, si la Administración no tiene interés en buscar alternativas y soluciones, el sector está determinado a movilizarse”.