La lógica aplastante con la que la Comisión Europea avanza en el nuevo frente del Impuesto de Sociedades tiene demasiadas aristas como para bajar la cabeza y sucumbir a sus cantos de sirena.
Es obvio que si un puerto europeo está sometido a este impuesto y otro está exento, teóricamente uno está en mejor posición competitiva que el otro. Puestos a igualarlos competitivamente, lo suyo podría ser que los dos puertos pagaran dicho Impuesto de Sociedades.
Ahora bien, no es menos cierto que todo resulta absurdo si el tipo de gravamen que paga un puerto en un país es distinto al que paga un puerto en otro aunque, si aún apuramos más, quedarnos nominalmente con un impuesto sin analizar sistemas fiscales completos sólo sirve para determinar cuántos impuestos paga uno y cuántos impuestos paga otro, que no es lo mismo que cuánto paga uno en impuestos y cuánto paga el otro.
Claro que, lo que es del todo punto marciano es que, en esta lógica apuesta por la armonización del mercado común, pretendamos meter en el mismo saco distintos puertos con distintos sistemas de gestión portuaria, porque, como dijo en sentido inverso la translúcida que no lúcida ex alcaldesa de la capital, no es lo mismo juntar peras con peras que peras con manzanas.
Y aquí las peras son los puertos privados y las manzanas son los puertos públicos y, claro, un puerto privado es una empresa sin más y debe tributar, y lo mismo si me apuran una empresa pública gestionada por una empresa privada, que además son equiparables.
Pero cuando nos encontramos ante una empresa pública con un gestor público, uno no termina nunca de entender por qué hay que hacer pagar al Estado público dinero público para el público cuando hablamos de entes públicos que también se dedican a recaudar ese dinero público para lo público.
¿Me he explicado? Pues en el trabalenguas está la clave: han necesitado tres veces para leerlo y entenderlo, ¿verdad? Pues lo mismo o más hace falta para entender dónde va el dinero de un puerto que entra por vía impositiva al Estado y luego hay que ver dónde, cómo y a quién revierte ese dinero y por qué y cuánto.
Es decir, un carajal poco transparente este de ir pasando y repasando el dinero público de mano en mano que contrasta con un sistema autosuficiente como el español, donde todo lo que se ingresa emana de lo que se recauda y, sí, todo lo que se gasta emana igualmente de lo que se recauda porque, qué curioso, Europa está muy preocupada por los impuestos que no pagan los puertos españoles pero, vaya, nada dice de lo que no se recibe y de lo que no se financia por parte de ese Estado en base a la autosuficiencia.
Saliera a pagar más o menos la cuenta del Impuesto de Sociedades, supondría una china que podría hacer tambalear el castillo de naipes del régimen económico de los puertos españoles. No se trata de entrar con la brocha gorda en cuestiones fiscales y contables de pincelada fina, pero si la ley marca una contribución sobre el resultado del ejercicio de entre un 12 y un 4% para, por ejemplo, el Fondo de Compensación, piensen de primeras quién se “comería” esta partida cuando hablamos de un Impuesto de Sociedades con un gravamen genérico del 25%.
Es más, en ese caso ¿aún habría que poner más dinero todavía para pagar las obligaciones que incumple el Estado o se darían por “abonadas” y, sobre todo, garantizadas cosas como lo del Fondo de Accesibilidad?
A lo mejor tendría que entrar el Estado a compensar la alterada autosuficiencia, con inyecciones siempre discrecionales en un contexto aún más envenenado si cabe ante tantas susceptibilidades. Ojo.
Al final la clave no son los impuestos, son los modelos de gestión y su competitividad, pero Europa va a lo fácil y, como siempre, quiere igualar por abajo.
