El nuevo real decreto de confinamiento es una porquería infame en su redacción, pero, ojo, no por la inutilidad del legislador y la carga de involuntariedad que comporta toda incompetencia, sino por la férrea vocación y la plena intención que corre por las venas de todo hacedor de leyes de que toda iniciativa legislativa tenga su puntito de razonable y oxigenante confusión. Claro que, cuanto más complejo es el asunto a legislar, mayor desastre exponencial se desata a la mínima duda sembrada.
Colaboré durante años codo con codo con un importante abogado que a la hora de la redacción de estatutos y demás instrumentos normativos siempre me decía lo mismo: no se puede ser tan concreto, no se puede regular todo tan al detalle, no se puede pretender contemplar todos los supuestos, sencillamente porque lo único que estás multiplicando son las oportunidades para impugnaciones, reclamaciones, disputas e incumplimientos y haciendo imposible el funcionamiento de las cosas.
Esta máxima la aplican todos los legisladores, todos, no sólo cuando son incapaces de desatar un nudo y prefieren dejarlo a medias para que el mundo decida; no sólo cuando no hay acuerdo entre las partes y prefieren seguir la vía del surrealismo para decirlo todo y no decir nada y que cada cual crea escuchar lo que más le conviene; y no sólo cuando de forma intencionada se dice una cosa queriendo decir claramente otra, para ver si cuela con el convencimiento de que colará.
Esto se aplica también en circunstancias como las actuales, donde un Gobierno tiene absolutamente todos los instrumentos para hacer las cosas bien, pero, más allá de las prisas y las cadenas de errores, prefieren hacerlo rematadamente mal, a ojos claro de los sufridos ciudadanos, porque a sus ojos la actual situación es mejor.
Lo dijo claramente la secretaria general de Transportes a preguntas de Diario del Puerto: “Siempre va a haber aspectos que no queden claros cuando se hace una normativa que abarque un campo de actividad que es el general”.
Ojo a la palabra: “Siempre”. Y es que así lo ve el legislador, porque aunque se podría ser absolutamente preciso; aunque el gobierno a través del Ministerio de Transportes tiene perfectamente definidos todos los eslabones de la cadena logística a regular, como se vio en el borrador precedente; aunque estamos hablando de uno de los poquísimos sectores esenciales y, por tanto, uno de los poquísimos sectores en los que merecía la pena detenerse un poco en el real decreto ley a la hora de su redacción; y aunque la precisión no es una virtud a desarrollar sino una necesidad imperiosa en estos tiempos de alarma, crisis e incertidumbre, sencillamente el Gobierno no quiere ser preciso, no quiere ser claro, no quiere aportar verdad, pues una mayor verdad le lleva a resolver diversas cuestiones que no le interesa resolver. Así de claro.
Garantizando el transporte con absoluta claridad, como debería haber hecho el Gobierno; detallando cada actividad logística como debería haber hecho el Gobierno; y haciéndolo en un párrafo (no hacía falta más, no se engorda así más el real decreto) se abrirían claramente una serie de actividades que en un marco de restricción el Gobierno no quiere abrir. En resumen, se permite todo, pero que no quede claro del todo, pues, si alguien se autocensura y se autorestringe, eso que nos llevamos.
Como el fin es la restricción, que el miedo haga su camino por la vía de la indefinición y si evitamos unos cuantos transportes más, ahí queda, de cara al confinamiento y a no añadir tentaciones a la expansión de la enfermedad.
No es inutilidad por definición, es inutilidad por vocación.
