En los últimos días se han publicado en este prestigioso diario noticias relacionadas con la redacción del Pliego de Prescripciones particulares del Servicio de Remolque, y la exigencia de reserva de bandera española a los buques que deban prestarlo y las reservas que la CNMC tiene con respecto a esta previsión. Pues bien, modestamente queremos romper una lanza en favor del remolque español.
Primero, rechazando de plano que existan obstáculos de tipo legal para su mantenimiento. Y, segundo, haciendo una reflexión más general sobre la poca protección que nosotros mismos hacemos de nuestra propia industria marítima.
Con respecto a la primera cuestión, simplificando mucho, por si fueran pocas, las razones de carácter social y laboral que puedan esgrimirse sobre la conveniencia de la bandera española y, por qué no decirlo, de carácter técnico-náutico y de seguridad derivadas del directo control por parte de las autoridades españolas de los buques de pabellón español; adicionalmente queremos recordar que, según disponen los artículos 94 y 95 de la Ley de Navegación Marítima, está perfectamente reconocida la posibilidad del cambio temporal de pabellón, con lo que nada impediría que remolcadores extranjeros puedan prestar el servicio cambiando temporalmente a pabellón español, sin que los requisitos que al respecto establece la Ley de Navegación puedan considerarse demasiado onerosos para cumplir por cualquier empresa extranjera que quisiera introducirse en el mercado español; razones, entre otras muchas, que mutatis mutandis, nos permiten considerar también, desde una perspectiva más amplia, perfectamente defendibles los arts. 8 y 256 del Texto Refundido de la Ley de Puertos.
Pero, sobre todo, queremos insistir en que defender la industria marítima española (de remolcadores, de astilleros, de navieros, de terminales, consignatarios, transitarios…), no tiene por qué estar reñido con la libre competencia ni con las normas de la UE. Ni, digámoslo claro también, suponer estar en contra ni mucho menos, de las empresas extranjeras.
En todo caso, nos parece muy poco inteligente no defender a nuestra propia industria en aquellos casos en que legalmente es posible por querer ser “legalmente más papistas que el papa”. Siempre que, eso sí, lógicamente se exija a dicha industria que esté dentro de los más altos estándares técnicos, económicos y de seguridad y no se busque proteger lo nuestro a base de dar un servicio menos competitivo. Recordemos casos recientes como los del tax lease y veremos ejemplos muy parecidos al que ahora nos ocupa.
Por ello, queremos decir alto y claro que basta ya de que seamos nosotros mismos los que nos pongamos “palos en nuestras propias ruedas” y que es hora ya de que tanto a nivel legal como político exista una línea coherente de promoción y defensa de nuestra industria marítima sin proteccionismos caducos, pero también sin complejos ni apriorismos que dañen, sin una verdadera y sólida justificación, el trabajo de tantos y tan buenos empresarios marítimos que, pese a las dificultades, todavía quedan en España.
Por ello, creemos que más tarde o más temprano habrá que poner coto a la ligereza con la que la CNMC opina sobre todo y de todo sin, quizás, conocer en profundidad y reflexionar suficientemente sobre las particularidades de cada sector que procede a analizar y, por qué no decirlo, “estigmatizar”.
