Las ayudas al abandono de la profesión en el sector del transporte de mercancías por carretera han derivado en un sinsentido pues circunstancias paralelas, que no ajenas, las han vaciado de su contenido inicial.
Ahora mismo son ya un sacacuartos para la administración, un tirar el dinero por la ventana sin objetivo real alguno, bajo el disfraz de haberse convertido en una pseudogratificación que algunos quieren hacer valer en aras a compensar ese intangible que comporta ejercer durante años una profesión muy dura que, en cambio, no tiene bien reconocidas ni las enfermedades profesionales ni régimen alguno de jubilación anticipada.
Ya no son ayudas, ni se defienden como tales. Ante todo el discurso que se impone, con eufemismos pero se impone, es el de que es un premio, y además merecido, lo cual a ojos de cualquier otro sector no resiste comparación.
Si nos vamos a los orígenes, las ayudas tenían en su día dos características esenciales: una, su importante montante económico; y dos, su finalidad última como instrumento para la reestructuración del sector por la vía de la prejubilación.
Y es que en un contexto inicial de reducida dimensión empresarial y sobre todo de debilidad y clara falta de músculo, las ayudas se concibieron como un arma claramente enfocada a retirar, así directamente, retirar camiones y sus conductores autónomos de la carretera. Era una medida orientada a actuar sobre la oferta en su parte más débil para lograr un sector más fuerte con mayor capacidad de negociación y de prestación de servicios de calidad.
A esto hay que añadir el posterior condicionante de la crisis económica, que generó una sobreoferta que dotó también de renovado sentido a un instrumento que claramente servía para reducir la capacidad del mercado.
Este objetivo se veía, como se ha dicho, reforzado porque se destinaba un presupuesto más que importante. En 2009 se llegaron a otorgar en una doble convocatoria más de 120 millones de euros en ayudas al abandono, que sólo aquel año beneficiaron a unos 2.000 conductores.
Gracias a esos montantes, cobraba todo su sentido el mínimo de 58 años para acceder a las ayudas, de la cuales en la mayoría de los casos una parte correspondía al pago de la retirada de la autorización de transporte pero otra parte era por los años que restaban para la jubilación, siendo las ayudas medias en aquella época en torno a los 50.000 euros.
Hoy, estas cifras son una quimera. En 2019 las ayudas concedidas han ascendido a sólo 9,1 millones de euros, que han ido a parar a tan sólo 303 conductores (apenas el 35% de los solicitantes), por un montante único por conductor de 30.000 euros, pues todos los profesionales que han recibido la ayuda tienen ya cumplidos los 65 años, por lo que la asignación económica corresponde solamente al concepto de la autorización de transporte para su retirada.
Por tanto, la ayuda al abandono pierde su sentido para convertirse en un mero seguro para la jubilación, te ayudan para que te vayas cuando ya te has ido, algo que además se ha convertido en ineficaz para la estructura del mercado, ya que, no lo olvidemos, retirar autónomos por esta vía era efectivo cuando estaba en vigor la norma por la que sólo se podía acceder al mercado con un mínimo de cinco vehículos.
Suprimida esa exigencia tras la condena del TJUE, de nada sirve quitar autorizaciones por un lado si por el otro se puede comprar un camión, obtener una autorización y sin mayores restricciones comenzar a trabajar. No tiene sentido tapar un agujero y al tiempo abrir una compuerta. Es inútil dado el objetivo inicial. En cuanto a pretender cubrir otros objetivos llamémosles “sociales”, lo pertinente sería generar otra norma con otras ayudas. Todo lo demás es confundir.
