El requerimiento que desea suprimir ERC es el símbolo de la burocratización que lamentan muchas autoridades portuarias
Límite 12 millones: mucho más que un trámite
Esta aprobación de los proyectos de inversiones portuarias está muy lejos de ser un mero trámite.
La propuesta de reforma portuaria de ERC ha puesto en el centro del debate una de las vías de control y supervisión de las autoridades portuarias más polémicas: la necesaria autorización por el Consejo de Ministros de toda inversión superior a 12 millones de euros.
madrid. Tal y es así que pese a que el Grupo Republicano ha retirado la práctica totalidad de sus propuestas de reforma relativas a limitar la función de control sobre las autoridades portuarias de OPPE y del resto de administraciones competentes, ha decidido en cambio seguir adelante con su propuesta de eliminación del “límite de los 12 millones”.
Lo primero que hay que señalar es que hablamos de una norma que no es específica del sector portuario. Fue incluida en la Ley 8/2017 de Contratos del Sector Público y afecta a cualesquiera órgano de contratación de las entidades del sector público estatal que tengan la consideración de poder adjudicador, entre ellas, como se refiere en la propia ley, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.
Por tanto, todo organismo público estatal está sometido a este visado y control por el Consejo de Ministros para todos esos proyectos de inversión valorados en más de 12 millones de euros. Los puertos no son ninguna excepción y quedan sometidos al mismo control. Dicho esto, no hay que olvidar que hasta 2017 y como se recogía en la Ley 30/2007 y en la 40/2015 del Sector Público, las autoridades portuarias estaban sometidas a su legislación específica y como entidades públicas empresariales, algo que cambia con la Ley 8/2017, donde pasan a estar sometidas a este nuevo texto como poderes adjudicadores dentro de la administración pública.
Esta Ley entró en vigor a comienzos de 2018 y, por tanto, el límite de los 12 millones es una exigencia relativamente reciente y percibida por el sector portuario como una nueva vuelta de tuerca en la ralentización de sus proyectos de inversión.
EL DATO
2018
Aplicación. Que los proyectos de inversión de las autoridades portuarias deban ser aprobados por el Consejo de Ministros se viene aplicando desde comienzos de 2018 cuanto entró en vigor la Ley 8/2017 de Contratos del Sector Público.
Y es que la aprobación por el Consejo de Ministros está muy lejos de ser un mero trámite. Por mucho que las inversiones hayan sido incluidas en el Plan de Empresa de cada autoridad portuaria bajo el control y supervisión de Puertos del Estado; por mucho que, a su vez, esas inversiones hayan sido aprobadas por el Consejo de Administración donde están presentes los representantes de Puertos del Estado y de la Administración General del Estado; y por mucho que esas inversiones cuenten con los informes pertinentes de otros ministerios como pueden ser las DIAs, la definitiva aprobación por el Consejo de Ministros lleva un trámite nada menor.
En primer lugar, todo proyecto de inversión de más de 12 millones de euros aprobado por el Consejo de Administración deviene en la conformación de un expediente donde se incluye desde el proyecto hasta el pliego pasando por los informes preceptivos de OPPE , la DIA si procede y demás.
Ese expediente es remitido a Puertos del Estado, quien elabora un borrador de acuerdo del Consejo de Ministros y lo remite al Ministerio de Transportes para ser elevado al Consejo de Ministros.
Que el ART.324 no sea de aplicación
De las diez enmiendas para la reforma de la legislación vinculada al ámbito portuario que ERC mantiene vivas en el Congreso, son dos, la 77 y la 79, las referidas específicamente a que no resulte aplicable a Puertos del Estado y a las 28 autoridades portuarias el artículo 324 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, artículo que es el que exige que las entidades del sector público necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos cuando el valor estimado del mismo sea igual o superior a doce millones de euros.
Dicho esto, el expediente es remitido a todos los ministerios quienes están en posición de emitir el correspondiente informe de alegaciones u observaciones.
A todas estas susceptibles consideraciones técnicas hay que sumar los posibles posicionamientos ideológicos o políticos antes determinados proyectos dentro del Gobierno y su diverso Consejo de Ministros, conformando el devenir de cada inversión y que su inclusión final en el orden del día y definitiva aprobación pueda tener lugar en un mayor o menor plazo, sin obviar la trascendencia que tiene la propia posición de un órgano de la relevancia del Consejo de Ministros, de ahí que las enmiendas de ERC se mantengan apuntando a una cuestión que el sistema portuario considera especialmente sensible.
Terminal Norte, el paradigma de lo evitable
Si hay un proyecto portuario que ejemplifica a la perfección hasta qué punto tiene un peso decisivo en su implementación el visto bueno del Gobierno ese es la futura Terminal Norte del Puerto de Valencia.
Tras los innumerables avatares que complicaron su aprobación por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, una vez superados, el proyecto fue remitido al Consejo de Ministros para su aprobación a finales de 2022.
Pues bien, la decisión de Podemos de bloquear el proyecto como miembro del Gobierno y la proximidad de las Elecciones Autonómicas junto al posterior adelanto de las Generales llevó a que la inversión quedara varada prácticamente un año. No fue hasta el 19 de diciembre de 2023 cuando el Consejo de Ministros aprobó por fin el proyecto, evidenciando su influencia y capacidad para acelerar o dilatar este tipo de inversiones.
Un trámite tan obligado como común
Como quiera que es de obligado cumplimiento el límite de 12 millones a partir del cual toda inversión portuaria debe recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, este procedimiento es en el ámbito de la gestión portuaria tan común como recurrente.
Sin ir más lejos, el pasado 5 de marzo el Consejo de Ministros aprobó la construcción de una nueva subestación eléctrica en el Puerto de Barcelona (22,5 millones de euros) y una nueva subestación en el Puerto de Valencia (14,5 millones).
Con anterioridad, el 19 de diciembre el Consejo de Ministros igualmente aprobó el proyecto de construcción de la nueva Terminal Norte del Puerto de Valencia (656,7 millones de euros).
También el pasado 23 de julio se aprobó por el Consejo de Ministros la fase II de la Nueva Terminal de Contenedores y de la segunda fase del túnel de acceso al Puerto de Cádiz (80 millones).
Esto son sólo ejemplos de algunos de los acuerdos recientes del Consejo de Ministros más destacados, dentro del referido ámbito de decisión fijado por la ley.