Ábalos ha estado acompañado, entre otras autoridades, por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España; el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio; y el alcalde de Sagunto, Darío Moreno.
“El día de hoy es un hito histórico para la Comunidad Valenciana y para el sistema de transporte terrestre en España”. Así ha calificado el ministro de Fomento en funciones el fin del peaje de la AP-7. Tras 40 años de concesión, se da vía libre a casi 370 kilómetros entre la salida de San Juan, en Alicante, y Tarragona.
Aunque aún no hay un estudio definitivo, desde Fomento han tomado como referencia la reciente liberalización de la AP-1 en Burgos, que ha aumentado un 30% su intensidad de tráfico. “Esta cantidad es asumible por la infraestructura”, ha asegurado Ábalos, que además recordó que se van a destinar unos 21 millones de euros a obras de conservación de la infraestructura.
Queda ahora por dilucidar qué nuevas conexiones deben construirse para acceder a la AP-7. En ese sentido, toda vez que parece claro que a comienzos de enero habrá un nuevo Gobierno Central, se reunirá una comisión bilateral Fomento-Generalitat Valenciana para analizar la propuesta del Consell en cuanto a esos nuevos accesos, un encuentro que a día de hoy no tiene fecha.
En Castellón, el Gobierno Valenciano propone mejorar la seguridad vial en la N-238 entre el peaje de Vinaròs y la N-340, así como nuevos enlaces entre la AP-7 y la N-232 (Vinaròs-Morella), en Benicàssim (facilitará el trasvase de tráfico entre la N-340 y la AP-7; y en Vila-real en el punto de conexión entre la AP-7 y la CV-20.
En Valencia, el Consell pide la mejora de la capacidad de la autovía A-7 en el tramo de la circunvalación de Valencia; la conexión de Alzira con la AP-7, mediante la construcción de una carretera de acceso al norte del municipio; enlaces de la Safor (conexión CV-60) y Oliva sur.
En Alicante se llevarían a cabo actuaciones en la carretera N-332 entre Gata y Pedreguer, congestionado por el tráfico inducido por Xàbia (que usa el enlace de Ondara). También se propone una carretera de enlace entre la AP-7 y la N-332 en Altea, l’Alfàs del Pi y La Nucía.
Fomento deberá estudiar ahora la propuesta de la Generalitat Valenciana, que tendría un coste aproximado de 220 millones de euros.
Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacado el ahorro para el sector del transporte que supone la liberalización, un ahorro cercano a los 300 millones de euros, “una cantidad que ahora va a estar en manos de la economía productiva”.