MADRID. La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) rechaza frontalmente esta enésima prórroga para mantener en el sector del transporte por carretera el actual límite de facturación máxima anual para acogerse al régimen de módulos en 2023 que el Ejecutivo acaba de incluir en la Ley de Presupuestos Generales para el próximo año.
“Es muy incoherente que, por un lado, se abogue por el diálogo y el consenso de los agentes sociales, como es el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), y por otra asistamos a la actuación unilateral y sin previo aviso del Gobierno adoptando esta decisión. Nuestro sector, a través del CNTC, ya decidió que no habría nuevas prórrogas a partir de 2022”, explica Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC.
En 2016 se estableció que los transportistas que facturaran al año menos de 125.000 euros podían acogerse al sistema de módulos, siempre que su facturación se realizase en más de un 50% a empresas o profesionales, fijando un periodo de transición de dos años antes de bajar este límite a 75.000 euros.
“El hecho de que durante los últimos seis años, y durante 2023 como parece ser ahora con esta séptima ampliación, unos 27.000 transportistas hayan podido acogerse al régimen de módulos, provoca una enorme discriminación fiscal al permitir a los transportistas autónomos tributar menos que el resto de empresas con las que compiten en el mercado, compañías grandes, medianas y pequeñas que han hecho un sobreesfuerzo durante estos últimos años para mantener y ampliar inversiones y empleo, afrontando grandes riesgos en tiempos muy convulsos”, explica Valdivia.
Esta medida, añade, “favorece la fragmentación de un sector, como el transporte de mercancías por carretera, que ya de por sí está tremendamente atomizado al contar con más de 100.000 empresas, de las cuales solo el 4% son grandes compañías, como las que forman parte de nuestra asociación”, destaca Valdivia.