MADRID. En palabras de CETM, “España ya cumple con la Directiva 2003/6/CE en la que se marca el mínimo impositivo que deben aplicar los países que forman de la Unión Europea, situándose 49 € a los 1.000 litros por encima del mismo. Por tanto, si se equipara el tipo impositivo del gasoil al de la gasolina supondría una subida del 24.72%, excediéndose más de lo necesario para cumplir con esa obligatoriedad.
El estudio destaca el elevado esfuerzo fiscal que tienen que realizar las empresas españolas, que se encuentra entre los más altos de la UE, y que afecta de manera directa a conjunto de la ciudadanía.
Una medida de este tipo ocasionaría un incremento en los costes operativos de las empresas y autónomos del transporte y, por ende, en el precio de los productos y servicios que dependen del sector. Teniendo en cuenta que España es un país periférico, este cambio fiscal supondría un grave perjuicio para la competitividad de los productos españoles.
El análisis realizado por la CETM refleja que en 26 países europeos el impuesto sobre el gasoil está por debajo de la gasolina super y en 12 de ellos en mayor cuantía de lo que ocurre en España. Además, España ocupa el octavo puesto en el ranking del precio más alto del gasoil antes de impuestos.
Otro de los efectos negativos que se prevén son las fugas de consumo de combustible que se podrían producir a Portugal y Francia, lo que generaría menos ingresos para la Hacienda española y agravaría los problemas económicos de nuestro país.
El transporte por carretera ingresa anualmente por impuestos relacionados directamente con el uso de la carretera más de 21.500 millones de euros, cantidad más que suficiente para el mantenimiento de las infraestructuras. En este contexto, el debate sobre aplicación de peajes resulta incomprensible, ya que se estaría condenando a los transportistas a pagar dos veces.
En definitiva, la CETM considera que cualquier cambio fiscal debe evaluarse con rigor ya que la equiparación de impuestos podría suponer una carga insostenible para el transporte de mercancías por carretera.
Es fundamental que el Gobierno tome decisiones equilibradas, que no perjudiquen a la competitividad del sector ni a la estabilidad económica del país. Confiamos en que este análisis sirva para que el Ejecutivo reconsidere la medida propuesta y, finalmente, desista de su implementación”.