Según han apuntado desde el Comité, el texto no es suficiente porque “no contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado” y “deja de lado cuestiones nucleares como la limitación de la subcontratación para cuyo desarrollo dispondremos de un periodo de seis meses”.
En cualquier caso, el Comité espera que las diferencias no sean insalvables y, para ello, “estamos dispuestos a seguir trabajando en los próximos meses, siendo conscientes de la complejidad que supone la puesta en marcha de esta normativa, cuya publicación consideramos como importante, pero cuyo contenido en nuestra opinión deja sin resolver el objetivo para la que se acordó”.