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El gobierno da por satisfechas gran parte de las demandas del transporte por carretera

El gobierno, tal y como anunció el viernes la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aprobado un plan de medidas económicas que beneficiarán al sector del transporte de mercancías.

  • Última actualización
    29 junio 2020 09:31

Según explicó el viernes la ministra en respuesta a la pregunta formulada por Diario del Puerto en la rueda de prensa posterior al Consejo Extraordinario de Ministros, gran parte de las demandas reclamadas por el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) al Ministerio de Transportes “están comprendidas en el nuevo acuerdo” aprobado por el Gobierno “y que regula todas eses cuestiones en diferentes niveles de gradualidad, dependiendo del mes: julio, agosto o septiembre”.

Estas medidas, explicó también la ministra, hacen referencia al mantenimiento de las prestaciones a los autónomos por cese de actividad o caída de la actividad, entre otros.

Asimismo, añadió la ministra, determinados sectores que se han acogido o se van a acoger a ERTEs por fuerza mayor parciales o completos, “cuentan con una cadencia de exoneraciones que va a ir progresivamente siendo superior para aquellos trabajadores que se van a incorporar a la actividad laboral, que es el fin que tiene cualquier ERTE, y que disminuirá los costes de las empresas”. Entre las medidas económicas demandadas por el Comité Nacional de Transporte vinculadas a su convocatoria de paro patronal se encuentra el cobro de los servicios a 30 días y el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y autónomos de hasta 6 meses sin intereses, debiendo hacerse frente a las mismas en el plazo máximo de los 24 meses siguientes.

Asimismo, se reclama la bonificación de la cuota de autónomos desde el primer día de la baja para aquellos transportistas autónomos afectados por el coronavirus; y una moratoria fiscal de IVA, IRPF y Sociedades, habilitando los aplazamientos de las obligaciones fiscales frente a Hacienda, incluyendo en esta medida también a las empresas que hayan facturado el año anterior más de 6 millones de euros, así como la deuda aduanera y tributaria devengada en las importaciones. Por otro lado, en el caso de los transportistas autónomos en el Régimen de Estimación Objetiva (Módulos) se reclama una rebaja del 50% en el pago del segundo trimestre por IVA e IRPF ante la perspectiva de un largo período de inactividad o fuerte reducción de la actividad.

Por último, el Comité solicita también establecer una reducción del 50% sobre el rendimiento neto tanto para los transportistas autónomos que estén en Estimación Directa, como a las empresas de transporte y logística que tributen por el Impuesto de Sociedades.

Paro patronal del transporteRespecto a la convocatoria de paro patronal realizada por el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para los días 27 y 28 de julio, la portavoz del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido aclarar que desde el gobierno “respetamos el derecho de manifestación o de expresión del conjunto de los sectores”, si bien ha asegurado que gran parte de las peticiones que desde el Comité se reclaman se están dando ya respuesta por parte del ejecutivo.“Quiero trasmitir que en este momento todos estamos haciendo un esfuerzo porque se regularice la actividad en todos los entornos”, ha añadido la ministra.

MedidasFueron varias las medidas aprobadas en Consejo de Ministros.En primer lugar, para las empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad, se crea una nueva figura: el ERTE de transición. En estos casos, en los que todos los trabajadores de la empresa continúan suspendidos, las exoneraciones serán decrecientes. Para las empresas con menos de 50 trabajadores, la exoneración será del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre. En el caso de las empresas con 50 trabajadores o más, las exenciones en las cotizaciones sociales serán del 50%, del 40% y del 25% en julio, agosto y septiembre, respectivamente.En segundo lugar, se prorrogan los ERTE de fuerza mayor (antes parcial) para las empresas que reincorporen a parte de su plantilla, que se pusieron en marcha a mediados de mayo y que han contribuido a que más de 1,4 millones de trabajadores que estaban en ERTE por fuerza mayor se hayan reincorporado a sus puestos de trabajo. En este sentido, la prórroga mantiene el espíritu actual de bonificar más a las empresas por los trabajadores activados que a los que se quedan suspendidos.Para las empresas con menos de 50 trabajadores, las exoneraciones serán del 60% para los trabajadores activados y del 35% para los no activados durante los meses de julio, agosto y septiembre. Para las empresas con 50 y más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para los trabajadores activados y del 25% para los no activados durante los tres próximos meses.AutónomosEl Consejo de Ministros aprobó también ayer la prórroga a las ayudas para trabajadores autónomos, que también han sido consensuada con las principales asociaciones ATA, UPTA y UATAE. En este sentido, el Gobierno ha establecido nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales para los más de 1,4 millones de autónomos beneficiarios de la prestación extraordinaria hasta el 30 de junio.En primer lugar, los beneficiarios de la prestación extraordinaria no tendrán que pagar las cotizaciones sociales del mes de julio y tendrán una exoneración del 50% en agosto y del 25% en septiembre, lo que supondrá un ahorro mínimo de más de 500 euros por autónomo durante los próximos tres meses.Para aquellos cuya actividad aún siga muy afectada por los efectos de la pandemia, podrán acceder a la prestación por cese de actividad ordinario si su facturación en el tercer trimestre es un 75% más baja que la del mismo periodo del año pasado, siempre y cuando sus rendimientos netos en el periodo no superen la cuantía equivalente a 1,75 veces el SMI del trimestre. Esta posibilidad, que será compatible con la actividad, supone un beneficio económico mínimo de 930 euros al mes por trabajador, ya que supone una prestación económica equivalente al 70% de la base reguladora más la exoneración de las cuotas por contingencias comunes.