La organización empresarial recuerda que ha venido reclamando en los últimos años "una actuación más eficaz a las inspecciones de Transporte y de Trabajo para combatir la competencia desleal que, de forma cada vez más preocupante, vienen ejerciendo las empresas de transporte deslocalizadas en otros países de la Unión Europea con menores costes laborales y fiscales, pero que continúan operando en el mercado español de transporte, lo que coloquialmente se denominan empresas buzón".
Grave dañoFenadismer reitera que estas empresas generan una "situación de competencia desleal, practicada dentro y fuera de nuestro país" que ocasiona "un gravísimo perjuicio al tejido empresarial español de transporte por carretera, conformado en más de un 85% por pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta que las flotas radicadas en países del Este de Europa controlan ya casi una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en España, pese a que el origen o destino de nuestras mercancías no son precisamente los países donde se encuentran matriculadas dichas flotas". Para la federación, "muy preocupante la expansión que en los últimos años están experimentando especialmente las empresas rumanas y búlgaras, que en un alto porcentaje corresponden a empresas deslocalizadas pertenecientes a grandes flotistas españoles, con crecimientos anuales superiores al 50%".Esta circunstancia, "unida al uso fraudulento que se está haciendo en nuestro país por diferentes figuras empresariales que utilizan falsos autónomos", ocasiona, añade el organismo empresarial, "un grave deterioro de la capacidad de competir de nuestras empresas y la degradación de las condiciones laborales de los trabajadores del sector". Desde Fenadismer señalan que el nuevo Plan Director por un Trabajo Digno incluye un conjunto de medidas de lucha contra el fraude, la precariedad laboral y la erradicación de trabajo, a fin de revertir los problemas más graves que presenta nuestro mercado de trabajo en este momento.
ActuacionesEntre ellas, el Plan Director contempla una actuación prioritaria contra las empresas buzón, a las que define como "aquellas empresas sin actividad económica real en el país en el que tienen su sede, pero con actividad en otros Estados Miembros de la Unión Europea, siendo su finalidad contratar a personas trabajadoras en el país de origen y desplazarlos a otros países de la UE con el único objetivo de abaratar costes salariales, de impuestos y de seguridad social de la mano de obra a los que tiene que hacer frente la empresa, lo que supone un exponente claro de la precarización de las relaciones laborales".Para afrontar este fenómeno "y poner cerco al mismo", la Inspección de Trabajo va a iniciar "una campaña de inspección a este tipo de empresas, en colaboración con la Agencia Tributaria, la Inspección de Transportes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para conseguir una mayor eficacia en la inspección, el Ministerio de Trabajo elaborará una Guía de actuación, acompañada de una formación específica a sus funcionarios, para mejorar la eficacia de las actuaciones mediante la especialización en esta materia", precisa Fenadismer. "Pero además dichas actuaciones no se limitarán al ámbito administrativo, sino que si en el curso de la inspección se detectara la comisión de algún delito relativo a la trata de seres humanos, prevista en el artículo 177 bis del Código Penal, se dará traslado a la Fiscalía para el inicio, en su caso, de las actuaciones judiciales que procedan contra dichas empresas y sus representantes", concluyen.