La declaración de ilegalidad de la actual regulación del impuesto autonómico sobre los carburantes, asegura Fenadismer, ha obligado al Gobierno a rectificar por segunda vez la normativa reguladora de dicho impuesto autonómico, mediante una propuesta de modificación introducida en la Ley de Presupuestos de 2018.
Mediante esta Ley, el Gobierno suprime completamente la capacidad normativa concedida por las Comunidades Autónomas para fijar el tipo impositivo sobre los carburantes a aplicar en sus respectivos territorios, que a partir de su entrada en vigor será fijado y recaudado íntegramente por el Estado para su posterior reparto a las CCAA.
Ello supondrá, explica la Federación, una equiparación en todas las CCAA del importe del impuesto en su nivel máximo, lo que tendrá como consecuencia una subida de hasta el 100% del impuesto en algunas regiones como Castilla-León, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Extremadura.Dichas comunidades verán incrementadas de forma importante la fiscalidad de los carburantes repostados, en total hasta 4,8 céntimos por litro.
En lo que se refiere al sector del transporte por carretera, dicha subida del impuesto de hidrocarburos es compensada a una parte del sector del transporte vía devolución del gasóleo profesional, en concreto a los vehículos de transporte de mercancías de más de 7’5 toneladas de peso máximo autorizado.
En consecuencia quedan fuera de dicho régimen de devolución los vehículos de transporte de mercancías de menor tonelaje, esto es, los de hasta 7’5 toneladas, mayoritariamente propiedad de transportistas autónomos, los cuales soportarán íntegramente el incremento de la subida del impuesto de hidrocarburos prevista en la Ley de Presupuestos.
Ante esta situación, que Fenadismer califica de “discriminatoria”, la asociación reclama incluir a los vehículos de transportes de mercancías de menor tonelaje, los cuales representan casi una tercera parte del total de la flota de transporte en España, en el régimen de devolución.