En un escrito dirigido al ministro, Salvador se ha referido al rechazo, tanto de la Conselleria como de los municipios afectados por el proyecto de las "mejoras funcionales de la seguridad vial y capacidad de la autovía V-31, en el tramo de Silla a València". La consellera argumenta que "la solución tal y como está planteada en el documento de inicio ha causado rechazo tanto por parte de la Consell, como por parte de los municipios afectados". Del mismo modo, ha puntualizado que en el proceso de información pública del anteproyecto de mejora de capacidad de la autovía V-30, los ayuntamientos y la conselleria han manifestado su rechazo a la solución planteada.Además, ha recordado que la conselleria está redactando el Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del área de València, donde se está estudiando la movilidad en el área y las propuestas para mejorarla, integrando todos los modos de transporte y cualquier actuación en las infraestructuras del área, como es el caso de estas dos importantes vías, deberá tener en cuenta las conclusiones y las directrices que en él se marquen.En este sentido, Salvador entiende que es necesario que las actuaciones que acometa el ministerio en las áreas metropolitanas "sean consensuadas y concertadas con la administración autonómica y los ayuntamientos durante la redacción de los proyectos".Además, ha argumentado que, sin poner en duda las competencias del Ministerio en lo referente a la propuesta y ejecución de la política del Gobierno central en las infraestructuras estatales, las competencias en materia de ordenación del territorio corresponden a la Administración autonómica y "no se puede llevar una correcta planificación del territorio sin considerar las infraestructuras de transporte, por eso es tan necesaria la concertación y máxima colaboración entre las diversas administraciones implicadas".Finalmente, ha destacado que en el caso del corredor de la V-31, que se encuentra en la fase inicial de la tramitación ambiental, "sería muy buen momento para la creación de este grupo de trabajo, antes de gastar recursos públicos en el desarrollo de soluciones que no cuentan con el consenso de las administraciones implicadas ni de la sociedad".