“Cuando llegue ese momento, la Diputación Foral acatará y llevará a debido efecto las resoluciones que se dicten, tal y como siempre ha hecho, con independencia de que le sean favorables o adversas”, señaló ayer la portavoz foral, Eider Mendoza.
La responsable foral subrayó que tanto la Diputación como Bidegi “cumplen escrupulosamente” con la legalidad vigente, ya que ésta establece que las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales el día en que sea publicado su fallo, función que corresponde al Letrado de la Administración de Justicia.
Hasta ese momento, sigue en vigor la Norma Foral 6/2018, aprobada por las Juntas Generales, ya que la Diputación Foral por sí misma no tiene facultad para derogar o suspender. “Por tanto, la Diputación y Bidegi están obligados a seguir cobrando el canon, hacer lo contrario sería incumplir la legislación en vigor”, ha explicado la portavoz foral.