“Los transportistas y los tribunales nos han obligado a tomar esta decisión. El presupuesto de la Diputación es insuficiente y hay que garantizar otras fuentes de financiación para poder mantener como es debido nuestras carreteras. Estos recursos pueden obtenerse de dos maneras, bien a través del pago por uso en vías de alta capacidad, o bien mediante la imposición de un nuevo impuesto. Somos partidarios de que pague quien lo usa, porque nos parece mucho más justo ", ha dicho Oiarbide.
Seguridad jurídica
Aunque no está claro dónde se materializa el concepto de “discriminación indirecta” que se subraya en las sentencias, la existencia de arco a la entrada y salida del territorio y, posteriormente, la existencia de un vacío en el interior de Gipuzkoa es “considerada como una discriminación para los tráficos exteriores. “Por lo tanto, la única vía para conseguir la seguridad jurídica es poner un peaje por toda la N-I y la A-15”, ha explicado Oiarbide.
La Diputación tiene la firme determinación de seguir cobrando a los vehículos pesados por el uso de estas carreteras, tal y como establece la directiva europea. Por ello, seguirá dando pasos que lo permitan, como la aprobación de un Decreto Foral Norma en los próximos días y que será de aplicación inmediata, al tiempo que seguirá elaborando una nueva norma foral para su aprobación en las Juntas Generales.