El Gobierno no ha prorrogado la bonificación del combustible para el transporte por carretera en el Real Decreto-ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como paliar los efectos de la sequía.
VALENCIA. En declaraciones a Diario del Puerto, el secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz, ha afirmado que se dan “todos los componentes para que el invierno sea difícil para el sector”. “No nos han dado ningún motivo o razón para esta supresión”, ha añadido, “será que las mercancías no votan”.
En este sentido, Díaz ha destacado que cuando se negoció esta bonificación “a finales de 2021, el diésel tenía un precio más bajo que el de ahora”. “Además”, ha añadido, “la guerra en Ucrania y el conflicto en el Mar Rojo está haciendo que suba el petróleo, lo que llevará a una subida de los combustibles, por lo que no parece lo más adecuado suprimir esta bonificación ahora”.
El secretario general adjunto de CETM ha afirmado que también “están subiendo muchos otros de nuestros costes, y pelear estos aumentos nos cuesta”. Dulsé Díaz ha apuntado que, junto a ello, “estamos en un momento en el que está bajando el consumo, por la situación económica y una inflación disparada”.
Díaz también ha subrayado que la “subida del IVA del gas y de la luz que se recoge en el Real Decreto-ley drenará aún más los ingresos de las familias, lo que hará que caiga aún más el consumo”. Dulsé Díaz ha manifestado que ya solicitaron “un encuentro con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, tanto desde CETM como desde el Comité Nacional del Transporte por Carretera, y estamos a la espera”.
El Gobierno prorrogó en junio la bonificación a los combustibles para el sector del transporte mediante el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, pero la medida se dividió en dos fases y modificando la cuantía. En la primera fase el descuento fue de diez céntimos por litro de combustible hasta el pasado 30 de septiembre. A partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre, el descuento pasó a ser de tan solo cinco céntimos por litro.
La prórroga hubiera estado justificada
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) insiste en que hubiera “estado justificado haber seguido prorrogando el régimen de ayudas a los combustibles para los transportistas por carretera, ya que si bien el precio del petróleo a nivel internacional se ha reducido en los últimos meses, aún se encuentra en niveles altos, en concreto casi 20 céntimos más caro que el registrado por estas fechas en 2021, antes del estallido de la guerra de Ucrania”.
”En consecuencia”, añade, “tras la no aprobación de dicha medida, el 31 de diciembre será el último día en que se aplicarán las actuales bonificaciones en el consumo del diésel por parte de los transportistas”.
Fenadismer apunta que el Gobierno lo justifica en la contención de los precios de las energías habida en los últimos meses y en que “las previsiones de evolución de precios para 2024 no sean pesimistas”, así como en la necesidad de “no poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit y de la deuda pública”.
Asimismo apunta que, no obstante, el propio Gobierno es consciente de la situación de incertidumbre que se sigue viviendo a nivel internacional, lo que podría alterar de nuevo los precios: “Lo cierto es que la prolongación de la guerra en Ucrania y Rusia, la aparición de un nuevo conflicto entre Israel y Gaza y la posibilidad de una escalada en las tensiones geopolíticas siguen introduciendo un fuerte elemento de incertidumbre que hace que las previsiones puedan revertirse en cualquier momento”.
Los cargadores apuntan a la cláusula del combustible
El secretario general de Transprime Spanish Shippers’ Council, Jordi Espin, ha afirmado que el mundo “de las bonificaciones está en extinción”, y ha manifestado su convencimiento de que los “negocios deben ser sostenibles por sí mismos”. En este sentido, Espin ha afirmado que esta sostenibilidad “es responsabilidad de los transportistas y también de los usuarios, que somos los cargadores, y nosotros colaboramos pagando un precio justo”. “Por ello”, añade, “existe una cláusula de revisión en función del precio del combustible que se reclamó en su momento que fuera obligatoria y que los cargadores pagamos completamente”.
No caer en el error de precarizar el sector
El presidente de la Federación Nacional de Transportistas Portuarios, Víctor González, a preguntas de Diario del Puerto, ha valorado negativamente la decisión del Gobierno y ha hecho un llamamiento “tanto a transportistas como a cargadores a ser consecuentes con la nueva situación, puesto que ambos nos hemos beneficiado de esta bonificación para ser más competitivos”.
González ha apuntado que ahora que se están perfilando los contratos para 2024 “hay que tener en cuenta que ya no contaremos con la bonificación” y ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad tanto de transportistas como de cargadores para no volver a caer en el error de precarizar el sector, porque esto llevará a acabar con el mismo”.
En este sentido, Víctor González recordó que a través del CNTC “pedimos que se prorrogara y que se incrementara la cuantía de esta bonificación, pero ha sido así”. Asimismo ha expresado su deseo de que en 2024 “el volumen de actividad sea como en años anteriores y recuperemos lo perdido en 2023 y que no falten camiones, vocaciones, y empresas que suministren estos camiones”.
El secretario general de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), Carlos García, ha señalado a Diario del Puerto que su organización, “como el resto del sector, planteábamos que se mantuviera la bonificación en función del diferencial de precios que existe con respecto a 2021, un diferencial que sigue siendo muy importante”.
En cuanto al impacto en los próximos meses de no prorrogar la bonificación, García ha señalado que su tamaño “estará en función de la oferta y la demanda, puesto que algunos subsectores han funcionado mal en 2023 y otros han mantenido el tipo. La evolución de la carga marcará el impacto en cada caso”.
Una de cal y otra de arena
Fenadismer ha destacado que el Real Decreto-ley recoge, entre otras medidas, el mantenimiento del actual límite de facturación para poder continuar acogido al régimen de módulos el próximo año, como ya venía pronosticando Fenadismer, justificándolo el Gobierno en la necesidad de “evitar el incremento para los pequeños autónomos de sus obligaciones formales y de facturación”.
De este modo, señala la asociación por séptimo año consecutivo, el límite máximo de facturación anual en 2023 para poder continuar acogido al régimen de módulos en 2024, tanto en IRPF como en IVA, queda establecido en 125.000 euros, por lo que en la práctica el nuevo límite de facturación más reducido que se aprobó en 2016 no ha llegado nunca a entrar en vigor por las sucesivas prórrogas que se han ido aprobando todos estos años.
“De hecho, más afortunados aún serán los autónomos residenciados en el País Vasco o Navarra, ya que al tener un régimen foral propio en materia fiscal, si bien su tributación por IRPF se realiza en estimación directa con una reducción en el rendimiento neto de en torno al 50%, sin embargo en lo que se refiere al IVA podrán seguir acogidos el próximo año al régimen de módulos estatal pero con un límite de facturación mayor, en concreto siempre que en 2023 su facturación anual no supera los 250.000 euros”, concluye Fenadismer.
