MADRID. Ayer tuvo lugar en Madrid la jornada “Regulación y fiscalidad verde del transporte terrestre”, organizada por la Fundación Corell, en la que se analizó la carga impositiva de la carretera. Según denunció el presidente de la Fundación Corell, Marcos Basante, junto a su secretario general, José Víctor Esteban, y al catedrático de Caminos, Canales y Puertos de la UPM, José Manuel Vassallo, la carretera es el único modo que asume el impuesto especial sobre hidrocarburos, que en 2022 recaudó 12.000 millones de euros. Si a este impuesto se suma el de los derechos de emisión, la carretera considera que “no se está llevando a cabo una transición energética justa” y, por ello, exige igualdad impositiva entre los distintos modos en la transición energética. “El terrestre es el modo de transporte con mayor presión fiscal ambiental”, apuntó Vassallo. Por ello, desde el sector se insta a que aunque se cobre por CO2 emitido, se elimine el impuesto especial de hidrocarburos, para igualarse con el resto de modos. “Solo con el impuesto especial de hidrocarburos ya se cubren los costes externos de la carretera. La solución pasa por aplicar una tasa de CO2 igual para todos, que el precio del CO2 sea independiente de quién lo emite y cómo”, apuntó Vassallo, quien insistió en que para que el mercado funcione y se alcancen los objetivos medioambientales “una tonelada de CO2 debe costarle lo mismo a la carretera que al avión, al barco o a cualquier otra industria”.
CARRETERA · La Fundación Corell celebró ayer la jornada “Regulación y fiscalidad verde del transporte terrestre”
La carretera exige igualdad impositiva entre los distintos modos ante la transición energética
Desde la izquierda, José Víctor Esteban, secretario general de la Fundación Corell; Jesús San Martín, director de Relaciones Institucionales de la FIC; Thamar Paniagua, gerente de Cuentas de Strive by STX; Rodrigo Gómez, socio responsable de la división de Energía, Sostenibilidad y Cambio Climático en Auren; José Manuel Vassallo, catedrático ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la UPM; Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras y Transporte en KPMG España; y Marcos Basante, presidente del Patronato de la Fundación Corell. Foto B.C.
La entrada del transporte por carretera en el sistema de derechos de emisión en 2027 ha despertado la frustración en el sector al considerarse como “el modo con mayor carga fiscal ambiental”.
“Si las empresas solo tienen en cuenta el requisito legal, se están perdiendo oportunidades de financiación”
Sistema financiero
Durante la mesa de debate “Compensación de emisiones, reforestación, certificación y financiación”, se explicó que Europa ha puesto en marcha diferentes normativas para incentivar la transición energética en el transporte terrestre. “Aunque hay emisiones que no se van a poder eliminar porque tecnológicamente no es viable, todos los planes empresariales deben ir orientados a alcanzar estos objetivos”, indicó el socio responsable de Infraestructuras y Transporte en KPMG España, Cándido Pérez. Sin embargo, estas acciones y la consecución de los objetivos tienen un coste cercano a los 260.000 millones de euros, tal y como reflejó el socio responsable de la división de Energía, Sostenibilidad y Cambio Climático en Auren, Rodrigo Gómez. “Como esto no puede salir de las arcas públicas, desde Europa se involucró al sistema financiero, que ya contempla en sus memorias anuales la concesión de financiación a proyectos sostenibles”. Por ello, tal y como explicó Gómez, “las empresas ya no tienen que centrarse únicamente en pagar impuestos y cumplir con la ley, ahora tienen que tener una actividad sostenible para que el sistema financiero respalde estos proyectos y, por ende, el crecimiento de las empresas”, y subrayó que “si solo se tiene en cuenta el requisito legal, se están perdiendo oportunidades de financiación”.