Los países del Este de Europa, con la connivencia de la Comisaria europea de Transportes, la rumana Adina Valean, continúan su ofensiva contra buena parte de la regulación contenida en el Paquete de Movilidad, asegura Fenadismer, que fue aprobado por una amplia mayoría en el Parlamento Europeo el pasado mes de julio, ante las consecuencias que algunos aspectos sociales y de competencia leal contenidos en dicho paquete legislativo representan para la predominancia que han venido teniendo las flotas de transporte radicadas en dichos países en los últimos años.
Hay que tener en cuenta, señala la asociación, que la práctica desregulación del mercado de transporte a nivel europeo existente hasta la fecha, unido a los menores costes laborales y fiscales que se disfrutan en dichos países, ha fomentado el fenómeno de la “deslocalización administrativa”, que no real, de grandes empresas de transporte las cuales, durante la última década, han trasladado su sede a dichos países del Este de Europea pero para poder continuar operando en los mismos mercados occidentales donde actuaban con anterioridad.
Para los países del Este, la aplicación del Paquete de Movilidad es crucial por la importancia que el sector del transporte ha alcanzado en estos países en los últimos años, tras su entrada en la Unión Europea entre 2004 y 2007. Así, por ejemplo, el volumen de negocios de la flota búlgara representó el 15% del PIB en Bulgaria, el 13% en Lituania, o el 11% en Rumanía, mientras que el de las flotas alemana y francesa representó menos del 2 %, o en la española en torno al 5%.
Así, sumándose a la iniciativa anunciada anteriormente por otros países como Lituania, ahora ha sido el Gobierno de Bulgaria el que ha comunicado oficialmente que solicitará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que impida la entrada en vigor de algunas de las disposiciones del Paquete Movilidad, al que denominan de forma irónica “Paquete Macron” en alusión a la participación activa que el presidente francés ha tenido en la tramitación del Paquete Legislativo.
El Gobierno búlgaro ha señalado que uno de sus objetivos a combatir será las reglas que obligan a los conductores de larga distancia a regresar a casa con sus vehículos a ciertos intervalos, así como la prohibición de que los conductores tomen sus períodos de descanso semanales en sus camiones, por considerar dichas "desequilibradas" y "discriminatorias" hacia las empresas de países situadas en la periferia de la Unión Europea, cuyos conductores tendrán además que regresar a casa cada tres o cuatro semanas.
Para el Gobierno de Bulgaria, la obligación de que los vehículos tengan que regresar a los centros operativos de las empresas cada ocho semanas obligará a hacer “viajes largos y potencialmente dañinos para el medio ambiente”, lo que ha motivado a los países de Europa del Este a solicitar a la Comisión europea a que realice una evaluación de impacto de los viajes innecesarios de miles de camiones vacíos por Europa, según ha reconocido por el propio Gobierno búlgaro.