VALENCIA. La restricción de acceso en función del etiquetado medioambiental del vehículo afectará principalmente a los servicios de mudanzas, de distribución urbana de mercancías y a las operativas de grúas, subsectores que representan, según la Federación, el 25% de las empresas transportistas valencianas asociadas.
Tras las ZBE de Madrid y Barcelona, ha llegado la hora de ciudades de toda España de más de 50.000 habitantes entre las que se encuentra València, tal y como se estipula en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. “El transporte que opera en Valencia ya se ha visto penalizado por la remodelación del casco antiguo. Ahora, mientras se está definiendo el modelo de ZBE, pedimos que se considere nuestra actividad que, entre otras cosas, permite abastecer de medicamentos, alimentos y otros productos de primera necesidad a particulares y a empresas”, afirma Carlos Prades, presidente de FVET.
La ZBE está previsto que se implante en Valencia en 2023, pero todavía no está definido el modelo. Independientemente que se establezca la prohibición absoluta de acceso en función del etiquetado medioambiental del vehículo o la limitación de acceso y el pago de una tasa conforme al nivel de emisiones, desde la Federación insisten en la necesidad de dotar al transporte de una infraestructura adecuada para poder realizar eficazmente las operativas en esta zona.
En concreto, reclaman ampliar las plazas de uso exclusivo para carga y descarga de la mercancía y que puedan ser monitorizadas por los transportistas para controlar su disponibilidad y tiempo de utilización. Además, demandan más recursos para la renovación de flotas. “Es imprescindible fijar un periodo de transición para renovar las flotas y, en paralelo, incrementar las ayudas para las empresas que tienen dificultades para realizar la transición. Las grúas y los vehículos que realizan mudanzas o proveen de suministros a hoteles, restaurantes y cafeterías tienen ciclos de renovación muy largos. Actualmente, el gas o los vehículos eléctricos tienen escasa implantación en el mercado de vehículos pesados, a lo que se suma las demoras de hasta un año en la entrega”, explica el presidente.