En primer lugar se trata de dos sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia. A ambas ha tenido acceso Diario del Puerto y ambas son contra Volvo Group España, teniendo como particularidad que son de signo contrario.
La primera de ellas es de fecha 27 de septiembre y es parcialmente desestimatoria. En la misma, la jueza reconoce los actos colusorios en el marco del cártel practicados por Volvo, pero dictamina que no ha lugar a condenar a la demandada por daños y perjuicios.
La razón es que la empresa demandante, Explotaciones Agrícolas Blasol, presentó fuera de plazo el informe pericial imprescindible para determinar el impacto que tuvo el cártel en el precio de una cabeza tractora adquirida mediante contrato de leasing. La demandante calculó el sobrecoste en 14.795 euros, pero como quiera que el informe que lo justifica no llegó en plazo, de ahí que el Juzgado no haya estimado ninguna sanción para Volvo y, por tanto, esta primera sentencia ya sea de partida atípica.
Máxime, si además tenemos en cuenta que la parte demandada no compareció en el proceso ni en tiempo ni forma ni contestó a la demanda, por lo que fue declarada en rebeldía, de ahí que no se haya ejercido la defensa y por tanto no se pueda considerar la sentencia tampoco como referencia desde este punto de vista.
La segunda sentencia es de fecha 15 de octubre, también contra Volvo Group España, un detalle importante pues estamos hablando de una denuncia dirigida contra una filial en España, no contra la central, que es donde las autoridades de la competencia europeas situaron el origen del cártel.
En esta segunda sentencia, donde el nombre de la empresa demandante no ha trascendido, el Juzgado declara igualmente que Volvo incurrió en prácticas contra la libre competencia pero, además, reconoce un daño de 128.756 euros por el conjunto de los cinco camiones implicado en la demanda, condenando a Volvo a pagar una indemnización por igual importe, correspondiente a 25.751 euros por camión.
Dicho esto, en primer lugar hay que llamar la atención tras leer la sentencia de que en este caso concreto tampoco hay un informe pericial para cada camión que sustente el cálculo de la indemnización.
El Juzgado da como bueno el cálculo hecho por el demandante basado en el impacto medio que tienen los cárteles condenados por la Unión Europea en los productos finales puestos a la venta por las distintas empresas implicadas.
Hablamos de cárteles pertenecientes a sectores muy diversos que arrojan un sobrecoste medio del 20,7%, que es el que el Juzgado ha tomado como referencia.
Superior a las expectativas
Esto hace, en segundo lugar, que la indemnización por camión que se ha fijado sea muy superior a la que por la vía del informe pericial vienen calculando los principales despachos implicados en los procesos contra el cártel en España.
En estos momentos, los sobrecostes medios estarían en el en torno del 12-15%, cifra muy inferior al citado 20,7% y a los subsiguientes más de 25.750 euros por cabeza tractora fijados por el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Murcia, que multiplican las expectativas más optimistas y hacen que dichos expertos tampoco entiendan que esta sentencia sirva de referencia para la gran mayoría de los procesos en curso.
Por último, un detalle relevante es que hablamos de cinco camiones adquiridos en 2012, es decir, que la sentencia se pronuncia sobre una compra hecha fuera del plazo en el que la UE dio por probado el cártel (1997-2011), de ahí que estemos ante otra excepción, con independencia de que uno de los grandes asuntos en cuestión sea el impacto del cártel en estos años posteriores.
Según los expertos, harán falta más sentencias y con menos excepciones para tener una idea clara del sentir general de los Tribunales en esta materia.