CANARIAS. Los transportistas insulares llevan años planteando una regulación específica para el uso del tacógrafo en su territorio. El tacógrafo se hizo obligatorio en todas las Islas Canarias y las Baleares desde 2010, en virtud de un Real Decreto aprobado a finales de 2009 por el Gobierno central tras los acuerdos adoptados con los Gobiernos autonómicos de ambos archipiélagos, modificando la regulación existente anteriormente que solo obligaba a su uso en las islas de mayor tamaño.
Tal criterio se mantuvo en 2022 tras la aprobación el pasado mes de septiembre del Real Decreto de actualización de las actividades de transporte por carretera exceptuadas de la utilización del aparato tacógrafo en desarrollo del nuevo Reglamento europeo sobre tiempos de conducción y descanso aprobado por la Unión Europea en Julio de 2020. Así, pese a que la normativa europea permite excepcionar el uso del tacógrafo a los transportes en islas de superficie inferior a 2.300 kilómetros cuadrados, lo que exceptuaría a todas las islas españolas a excepción de Mallorca, en la práctica ni el Gobierno canario ni el balear han solicitado hasta la fecha al Gobierno español que haga uso de dicha previsión legal en sus ámbitos territoriales.
Los transportistas insulares, tanto canarios como baleares, consideran que la exigencia del tacógrafo en los transportes realizados en territorio insular, por su superficie tan reducida, “tan sólo genera dificultades burocráticas e inversiones innecesarias que no se justifican por la existencia de problemas o incumplimientos de citada normativa, ya que las distancias recorridas son cortas y por tanto los tiempos de conducción son muy limitados, no habiendo quedado probado que la obligación de uso del tacógrafo en las islas prevenga accidentes o infracciones, sino tan sólo un efecto recaudatorio por las sanciones que se imponen habitualmente”, tal y como denuncia Fenadismer en un comunicado.
Sin embargo, tras dos meses de negociaciones con el Gobierno canario, las conversaciones se encuentran “en vía muerta” por la falta de concreción alguna de medidas, lo que ha llevado a los transportistas canarios en la Asamblea celebrada ayer a acordar la convocatoria de un paro del sector del transporte a partir del próximo lunes 27 de febrero con carácter indefinido, lo que paralizará previsiblemente la actividad en los puertos insulares.