El acuerdo, suscrito por ATEC; Astac Condal; Ametraci; Sintraport; Transcalit; la Asociación de Transportistas de Empresarios de Contenedores y el Gremio del Transporte y la Maquinaria de la Construcción, con el Ayuntamiento de Barcelona, AMB y Generalitat de Catalunya, genera, según afirmaron, “nuevas oportunidades para continuar trabajando con los vehículos pesados sin etiqueta ambiental” más allá del 1 de enero de 2022, cuando entra en vigor la normativa.
Sin embargo, la Asociación General de Transportistas de Catalunya (AGTC) niega adherirse al acuerdo, que consiste en materializar el compromiso de compra de nuevos vehículos por parte de aquellos transportistas que tienen un camión sin etiqueta ambiental o la voluntad de instalar dispositivos que reduzcan las emisiones, como filtros y catalizadores.
“Se está condenando a los transportistas a comprar un vehículo nuevo mientras la Administración no hace lo suficiente para homologar los filtros y catalizadores”
Con este pacto, los transportistas que ratifiquen su compromiso de compra de un nuevo vehículo que cumpla con la normativa podrá seguir usando su antiguo camión hasta la entrega del nuevo, que puede alargarse hasta meses después.
El problema, explica en una entrevista a Diario del Puerto Carlos Folchi, secretario general de AGTC, viene cuando se exige el documento con el compromiso de compra de un nuevo vehículo, pero no el documento para aquellos que quieran instalar filtros o catalizadores ya que, recuerda, “aún no están homologados”.
Homologar los filtros
Con todo ello, “se está condenando a los transportistas a comprar un vehículo nuevo mientras la Administración no hace lo suficiente para homologar los filtros y catalizadores”.
Según Carlos Folchi, el problema radica en las “escalas administrativas”. Para esta homologación, explica, “concurren dos administraciones, Ministerio de Industria y Generalitat, con el impulso del Ayuntamiento de Barcelona y, sin embargo, “no llegan a coordinarse” y, el consistorio barcelonés decide “coger la vía del medio”.
Por este motivo, AGTC, además de no suscribir este acuerdo, “denuncia lo que supone el fin de lo que era la moratoria hasta que se homologasen los filtros y catalizadores”, incide Folchi.
De este modo, desde la Asociación “seguiremos trabajando con el resto de actores para conseguir recuperar algo que teníamos”, que es “la moratoria proporcional hasta la aprobación de filtros y catalizadores”.
De lo contrario, prosigue, “renunciar a ello sería renunciar a los derechos de muchos transportistas que no tienen capacidad para comprar un vehículo nuevo”. En este sentido, el secretario general de AGTC recuerda que “más de un tercio de los transportistas catalanes tiene más de 60 años”, por lo que, “si se van a jubilar no tiene sentido que compren un camión nuevo”.
Lo que sí es más viable, incide Folchi, es la instalación de filtros y catalizadores, cuyo precio puede rondar los 3.500 euros. Ante esta situación, ahora “debemos valorar con los socios y la Junta las medidas que adoptaremos”, teniendo en cuenta también el derecho a manifestación y movilización que, según parece, es una opción que sigue encima de la mesa. “Intentaremos seguir dialogando con la Administración para que saquen el documento de compromiso para la instalación de filtros y catalizadores”, concluye Carlos Folchi.
“Intentaremos seguir dialogando con la Administración para que saquen el documento de compromiso para la instalación de filtros y catalizadores”
Acuerdo entre el sector y la Administración tras “arduas semanas de negociación” El transporte de mercancías por carretera ha reiterado su posición de servicio esencial al servicio de las personas y las empresas, así como su compromiso en la lucha contra el cambio climático. Aun así, “a día de hoy es totalmente dependiente de los combustibles fósiles sin alternativa tecnológica, sobre todo para los vehículos de más de 3,5 toneladas de masa máxima”, explican ATEC; Astac Condal; Ametraci; Sintraport; Transcalit; la Asociación de Transportistas de Empresarios de Contenedores y el Gremio del Transporte y la Maquinaria de la Construcción en un comunicado. Por ello, “es necesario” el acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, AMB y Generalitat de Catalunya, “fruto del trabajo y la voluntad de todas las partes implicadas”.
Antonio Jiménez, secretario general de ATEC, asegura a Diario del Puerto que acogen este pacto con “satisfacción”, aunque “no es todo lo transparente y clarificante que queríamos”, teniendo en cuenta que “debemos entender las conversaciones y todos deben ceder”. Para Jiménez, este acuerdo “nos ayuda a llevar este cambio poco a poco y de acuerdo con la Administración”, sobretodo “después de arduas semanas de negociación”.
“A día de hoy, el sector del transporte de mercancías por carretera es totalmente dependiente de los combustibles fósiles sin alternativa tecnológica, sobre todo para los vehículos de más de 3,5 toneladas de masa máxima”
Por una parte, el acuerdo contempla permitir de manera excepcional la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, pero con una declaración responsable de voluntad de compra de un nuevo vehículo o la adaptación de sistema homologados de reducción de emisiones. Esta declaración responsable puede presentarse a la Administración hasta el 31 de enero de 2022.
Y, por otra parte, y tras detectar que un 64% de vehículos sin etiqueta ambiental que circulan actualmente lo hacen menos de diez veces al año, se establecen una serie de autorizaciones, previa solicitud, para poder circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).