Tras la crisis de los chalecos amarillos y del Gran Debate Nacional que se produjo en el país galo en los dos últimos años, el Gobierno francés decidió en abril de 2019 promover la denominada “Convención Ciudadana por el Clima”, una especie de asamblea ciudadana con el objetivo de encontrar soluciones para limitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero de 40% para 2030 y con una perspectiva de justicia social.
Para conformar dicha Convención fueron designados 150 ciudadanos aleatoriamente para ser representativos según criterios de género, edad, calificaciones, categoría socio-profesional, el tipo de territorio y área geográfica. La Asamblea ciudadana se dividió en cinco grupos de trabajo que abarcaban cinco áreas temáticas: transporte, alimentación, consumo, trabajo y producción, vivienda, cuyos debates duraron más de un año, tras lo cual elaboraron un documento de propuesta de medidas en las diferentes áreas.
En este sentido, los Ministerios de Transición Ecológica y Transporte del Gobierno francés organizaron este fin de semana un encuentro destinado a presentar a los profesionales del sector del transporte las medidas propuestas en materia de transporte de mercancías por carretera, y que se basan en el objetivo de reducir la participación modal del transporte por carretera a favor del ferrocarril y que no tenían mandato negociador.
Para ello, el Documento de la Convención del Clima Ciudadano plantea como medidas más eficaces para conseguir dicho objetivo, entre otras, exigir a los conductores de camiones una formación en conducción ecológica cada dos años, suprimir la bonificación del gasóleo profesional de la que se benefician actualmente los transportistas galos y sustituirla por ayudas para la adquisición de vehículos limpios, introducir una etiqueta de vehículo pesado e imponer cláusulas ambientales en los contratos de transporte.