La norma, que fue establecida la semana pasada por el Servei Català de Trànsit, afecta concretamente al tráfico de camiones y vehículos de mercancías en la AP-7 durante los domingos del mes de septiembre por la tarde, de 17:00h a 22:00h. El objetivo, según detallaron desde la Generalitat de Catalunya, es evitar las retenciones que se vienen ocasionando en fin de semana, tras la liberación de la autopista. Las restricciones han entrado en vigor este domingo y, tal y como denuncian desde ATEC, han resultado “un fracaso de gestión con especial perjuicio, como casi siempre, para el camión”.
Son numerosas las asociaciones de transportistas que han venido manifestando su rechazo a esta medida durante los últimos días, como es el caso de: ATEC, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Sintraport y Fenadismer, entre otras.
Tal es así que, tras la solicitud de amparo al Gobierno central por la que consideran una “medida irracional y con consecuencias catastróficas”, distintas entidades de transportistas de ámbito nacional, como CETM y Fenadismer, decidieron el viernes apoyar a las asociaciones catalanas CETCAT y COT en su decisión de impugnar judicialmente dicha medida, solicitando su suspensión cautelar “por los perjuicios que tal medida provocará tanto a los propios transportistas como a la actividad exportadora española”.
En riesgo las exportaciones
En este sentido, cabe tener en cuenta que por la AP-7 circulan con destino al resto de Europa el 60% de las exportaciones españolas, “principalmente los domingos por la tarde, al existir restricción de circulación de camiones los fines de semana por las carreteras francesas”, recuerdan desde Fenadismer.
De hecho, son aproximadamente unos 12.000 camiones los que circulan por dicha autopista, procedentes de toda España, que verán reducida su actividad en al menos una jornada de trabajo, “al no tener alternativa alguna para poder acceder a la frontera”, agregan.
A la espera de la Justicia
Ahora, por tanto, queda confiar en que la intervención de los Tribunales de Justicia amparará los derechos de los transportistas, “que han sido ignorados, manifestando su disposición a colaborar con las autoridades de tráfico para garantizar en el futuro la fluidez y la seguridad de las vías públicas”, reiteran.
Desde CETM aseguran que la medida ha sido tomada de manera unilateral y “sin tener en cuenta que afecta a un sector fundamental”. Asimismo, desde Sintraport señalan que se trata de “una acción que pretende buscar culpables ante la falta de previsión de los responsables de tráfico, tratando, de nuevo, de hacer responsable al transporte pesado de las situaciones que viven nuestras carreteras”.