El transporte de mercancías y viajeros por carretera, que genera el 8,2% de los gases de efecto invernadero en España pese a suponer apenas el 2% de la flota de vehículos, es uno de los sectores donde la descarbonización plantea mayores retos de cara a las próximas décadas.
Esta línea de ayudas, que se pudo abordar con los gobiernos regionales en la Conferencia Nacional de Transportes del pasado 20 de octubre, se articula a través de este Real Decreto que establece las bases de las subvenciones que se otorgarán a las empresas privadas y autónomos del sector para la transformación sostenible de las flotas.
En este sentido, el Real Decreto materializa la concesión de las ayudas directas a las CCAA, Ceuta y Melilla y define a los beneficiarios finales de las mismas, las actuaciones subvencionables, los requisitos para acceder a la financiación y las principales líneas.
Así, los potenciales adjudicatarios de los fondos son los autónomos y las empresas privadas de transporte de mercancías y/o viajeros domiciliadas en cada comunidad autónoma, así como las empresas que se dedican al transporte privado complementario.
Actuaciones y objetivos
Los objetivos de la línea de inversión son impulsar la transformación del parque de vehículos pesados de transporte de mercancías y de viajeros, incentivar la penetración en España de tecnologías para la propulsión de vehículos que utilicen energías alternativas y acelerar la reactivación industrial y el sector de la automoción, favoreciendo la descarbonización de las flotas y la mejora de la calidad del aire en los entornos metropolitanos.
Se impulsa así el mercado de vehículos de cero y bajas emisiones para iniciar la senda de transformación de estas flotas tan importantes y estratégicas, un sector en la que la oferta y demanda de tecnologías bajas en carbono se encuentra en un estado menos avanzado que para los vehículos tipo turismo o furgonetas ligeras. Como ejemplo de esta situación, durante el 2020 se matricularon tan solo 6 camiones electrificados de un total de 18.812 y 40 autobuses eléctricos de un total de 2.171.
Actuaciones subvencionablesAchatarramiento de vehículos adscritos a una autorización de transporte y matriculados en España con anterioridad al 1 de enero de 2019.En el total de la vigencia del plan, se espera achatarrar unos 20.000 camiones y 3.000 autobuses, lo que supondrá una reducción estimada de emisiones de CO2 de 600.000 toneladas al año (600 kt CO2-eq).Adquisición de vehículos de energías alternativas. Son subvencionables los vehículos eléctricos, de hidrógeno, híbridos e híbridos enchufables y de gas (GNL o GNC), en este último caso de forma transitoria hasta el 31 de diciembre de 2023. Los vehículos deberán ser nuevos y matricularse y adquirirse tras la solicitud de la ayuda."Retrofit" o modificación de la forma de propulsión de vehículos desde combustibles de origen fósil (diésel, gasolina o gas) a vehículos cero emisiones, eléctrico o de hidrógeno (BEV, FCV o FCHV). También, en un plazo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2023, es potencialmente subvencionable la transformación de una motorización diésel o gasolina a cien por cien gas, (GNC o GNL), siempre que cumplan con los últimos estándares de emisiones contaminantes para vehículos pesadosImplantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.Adquisición semirremolques para autopistas ferroviarias.Las ayudas para financiar estas cuatro líneas de actuación se establecen como un importe fijo unitario por motorización, por categoría y tipo de vehículo (N2, N3, M2, M3 y sus clases) y, en el caso de las subvenciones para la adquisición de flotas cero o bajas emisiones, también por tipo de destinatario, de manera que se tiene especialmente en cuenta a autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Distribución territorial
El programa de ayudas estará se dotará de forma inmediata con 174 millones de euros que se distribuirán entre las comunidades y ciudades autónomas con cargo al presupuesto de 2021. La línea, que estará vigente hasta el 30 de abril de 2024, se ampliará, en función de la demanda, hasta los 400 millones de euros.
El criterio de distribución territorial de los fondos europeos es el número de vehículos de transporte público de mercancías y viajeros y transporte privado complementario domiciliados en cada comunidad autónoma.