El Gobierno de Navarra anunció hace unos días su intención de aprobar un plan para imponer peajes a los camiones en cinco carreteras de su comunidad, en concreto en las vías A121A, A10, A15, A1 y A68 a razón de 0,2060 euros el kilómetro, con el objetivo de recaudar unos 45 millones de euros al año de los camiones, de los que 15 millones se destinarían sólo a la instalación de los pórticos de pago y al desarrollo de la tecnología para su gestión, que llevaría a cabo una empresa pública de nueva creación.
Para reforzar dicha propuesta, el Gobierno de Navarra ha acordado con el Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos e Izquierda Ezkerra para financiar y mejorar las carreteras como servicio público, en las que el Gobierno foral propone la posibilidad de implantar los peajes a camiones en sus vías de alta capacidad.
Tanto Tradisna como ANET se han mostrado contrarias a esta idea. Tras puntualizar que ven positiva la preocupación de las formaciones políticas navarras por las infraestructuras terrestres -"muy abandonadas en los presupuestos de Navarra desde hace más de una década"- advierten que la recuperación no puede sustentarse sobre bases "injustas".
Ambas asociaciones han recordado el papel del transporte durante la parte más dura de la pandemia "abasteciendo los mercados y farmacias" y la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuando anuló los peajes para el sector del transporte de mercancías por carretera en la A15 y NI en Guipúzcoa.
"Desconocemos los datos reales sobre los que se basa la intención del Gobierno, tanto de volumen de tráfico real, como de previsión de ingresos, el destino final de los mismos, el coste que generará la implementación del sistema de control de peajes, así como los gastos de constitución y funcionamiento de la Sociedad Pública que se va a crear a tal efecto. No sabemos realmente cómo obtiene el Gobierno de Navarra sus cálculos ni qué indicadores los soportan", aseguran en ese comunicado.
En la única reunión que ambas entidades mantuvieron con el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, el pasado 15 de mayo, éste tan sólo expuso sus intenciones, sin abrir ninguna opción de diálogo, según los transportistas. "Aun así, queremos creer al consejero en las declaraciones que realizó este miércoles pasado, y en las que habla de abrir un diálogo que, hasta fecha de hoy, no ha existido realmente", denuncian.
"Nosotros sí apostamos por la interlocución directa, no sólo con el equipo de Gobierno sino también con todas las formaciones políticas, porque desde la transparencia, el conocimiento de los datos reales, de las diferentes opciones, de los casos de éxito europeos y también desde los fracasos que existen podemos llegar a una solución de consenso en la que todos los ciudadanos navarros no se vean afectados negativamente con este tipo de decisiones".
El sector del transporte en Navarra sustenta a 10.000 familias. "El sector del transporte sale muy debilitado de esta crisis y están en riesgo miles de puestos de trabajo", advierten ambas asociaciones.