Me parece perfecto que las barricadas tengan ideología, es más, lo realmente preocupante es cuando no la tienen, es decir, cuando se impone el destrozar por destrozar.
Ahora bien, por la misma regla de tres, levantar dichas barricadas no debería tener jamás ideología. Es más, esa misma ausencia debería provocar no ya que se actúe de inmediato para su retirada, sino que se intervenga con anticipación para evitar su despliegue.
El problema en este país es que, a menudo, quien tiene que retirar las barricadas o tiene que evitarlas se permite el lujo de aplicar su ideología, con consecuencias absolutamente nefastas para los inocentes que ven que no se actúa mientras sufren la paralización y se vulneran sus derechos de la forma burda e indiscriminada en que se vulneran cuando se bloquea una carretera, una vía del tren, una pista de aterrizaje o la bocana de un puerto.
Nos hemos hartado de recordar en esta columna el famoso complejo ideológico con el que hace una década el por entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, permitió durante varios días las barricadas de Plataforma en los accesos a Madrid. No haremos más sangre de lo que ya es historia de este sector, si bien la historia se repite, siempre se repite, como hemos visto en las últimas semanas con las barricadas en La Junquera, todo un ejercicio de vulneración del derecho a la libre circulación de personas y mercancías con, además, un impacto económico enorme que no puede quedar impune.
Por eso, la decisión del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) de impulsar acciones penales contra los responsables de los cortes producidos, tanto directos como, no lo olvidemos, subsidiarios, debe ser aplaudida porque ya no sólo se trata de buscar culpables o de reclamar indemnizaciones, sino que, de cara a la sociedad, quede meridianamente claro que no es admisible en ninguna circunstancia la impunidad en este ámbito.
Y ojo, ni la impunidad de quienes enarbolan sus particulares banderas en defensa de sus ideologías y cortan las vías, ni mucho menos la impunidad de los acomplejados que detentan las competencias de seguridad y que, en base a estrategias y demás trilerismos interesados, se la cogen con papel de fumar y andan calculando cuándo procede o no intervenir, toda vez que cada minuto que pasa, repito, cada minuto que pasa, son miles de euros a la basura, de miles de camiones retrasados o con las cargas echadas a perder bajo el control de miles de conductores tirados, estresados y literalmente apaleados, lejos de sus casas, como si fueran ciudadanos de tercera o, mejor dicho, como si no fueran ciudadanos.
Por eso, además de denunciar a los ejecutores de las barricadas hay que buscar la responsabilidad directa o subsidiaria de quienes no las retiran o tienen la obligación de evitar que se instalen.
Tiene, por tanto, todo su sentido exigir la responsabilidad patrimonial del Estado ante unos daños económicos evidentes de los que, por acción u omisión, los responsables públicos no pueden abstraerse.
Es triste que el CNTC tenga que ser quien mueva ficha en esta materia pero no hay nada más indignante que esta realidad de desprecio a la que se somete al transporte y que explica cómo cuando se reclama que la logística sea considerada estratégica los políticos no es que no lo compartan, es que directamente ni te entienden. Les resulta marciano.
