Aguardamos pacientes a que el nuevo Gobierno despliegue su batería de nuevos impuestos con el convencimiento, tal y como anunció el portavoz parlamentario César Ramos en el Desayuno de Grupo Diario del pasado mes de octubre, de que en el sector del transporte de mercancías por carretera antes o después se va a volver a desatar la tormenta de la euroviñeta.
Sí, otra vez hijos míos, otra vez vuelta a la carga: Damocles no da abasto en el sector logístico con tanta espada.
Lo cierto es que un debate en abstracto convertiría al pago por el uso de las infraestructuras en una medida, fíjense lo que les digo, hasta justa, proporcionada y socialmente reparadora. Insisto, como principio puro la euroviñeta tiene encaje en cualquier sociedad, máxime cuando a la compensación para mantener la infraestructura ligamos la necesidad de la compensación de los costes medioambientales generados por su uso. Hasta aquí, nada que reprochar.
El problema surge cuando ponemos la euroviñeta en confrontación consigo misma y con el conjunto del sistema impositivo de un país como España.
En primer lugar, sólo puede tener sentido el pago por el uso de las infraestructuras si tiene carácter finalista, es decir, si todo lo que se recauda es para “reparar” todo lo que va ligado estructural y medioambientalmente a esa infraestructura. Esto lo precisa con cierta claridad la normativa europea, pero no está de más recordarlo cuando los impuestos se contaminan de populismo, de ideología y de demagogia.
En este sentido, por aportar más rostros al debate, conviene añadir que sólo se entiende este impuesto en la medida que es establecido para todos, repito, para todos los usuarios de las infraestructuras, es decir, no sólo para las empresas, sino también para los ciudadanos y sus coches, sí, ciudadanos votantes y electoralmente influyentes, que es una pena que cojan tirria al Gobierno por un nuevo impuesto de este estilo pero, en su alícuota proporción, también contaminan, también desgastan y, por tanto, en justicia también deben ser honrados con la euroviñeta.
En segundo lugar, sólo puede tener sentido el pago por el uso de las infraestructuras con carácter finalista en un contexto de sistema impositivo finalista y, por supuesto, sin caer en el principio prohibido de la doble imposición. Es decir, si cada uno se paga lo suyo y no se paga dos veces.
Por tanto, el sentido de todo impuesto por uso de las infraestructuras salta por los aires de inmediato cuando el transporte por carretera está ya sometido a tres impuestos ligados al ejercicio de la actividad como son el impuesto sobre los hidrocarburos, el de matriculación y el de circulación, máxime cuando hablamos, por un lado, de un impuesto ligado específicamente a un actividad que, en cambio, tiene un destino general (hidrocarburos) con lo que se paga lo propio y lo de los demás y, además, lo otro son sendos impuestos ya finalistas.
Es decir, no sólo cargamos impositivamente a un sector por el mero hecho de tener como actividad esencial el transportar, condenándolo en contraposición a otros sectores de la economía a contribuir al conjunto de las arcas del estado sin beneficio específico sino que, además, también hay fijados sendos impuestos específicos.
Por tanto, si además se nos ocurre fijar la euroviñeta y fijarla sólo para el transporte de mercancías por carretera estamos incurriendo en un expolio que raya con el ensañamiento al someter a las empresas a una triple, cuádruple e incluso quíntuple internalización de los costes para gloria de un erario público absolutamente injusto si es que pretende aborda así el reto de la sostenibilidad.
