La deslocalización de empresas a la que llevaría ese aumento de costes energéticos y, por tanto, la posible pérdida de cientos de puestos de trabajo en la provincia, está detrás de la preocupación del sector. “Penalizar la cogeneración conllevaría la deslocalización de empresas que se llevarían los centros de producción a otros países con las nefastas consecuencias que eso supondría para nuestra economía castellonense, con la pérdida de centenares de puestos de trabajo en nuestros municipios”, apuntó Moliner.