BARCELONA · Respecto al impacto de la Crisis del Mar Rojo en los servicios de líneas de portacontenedores, el Benito Nuñez manifestó que los puertos españoles están operando con normalidad y todavía tienen margen para absorber las consecuencias de esta disrupción, en el caso de que el conflicto no tenga una rápida resolución.
Por otro lado, el 1 de enero entró en vigor el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) que, según todo indica, va a continuar por la senda trazada por la UE, sin modificaciones ni moratorias. No obstante, según Nuñez, sí podrían estudiarse cuestiones parciales destinadas a corregir el escenario actual que impulsa a las navieras a transbordar en puertos próximos situados fuera de la UE.
El secretario general también informó que, aunque está prevista la entrada en vigor en 2027 del ETS para buques de arqueo bruto comprendido entre 400 y 5.000 toneladas, todavía se debe definir el sistema, teniendo en cuenta la dificultad que entraña para pequeños armadores y lo laboriosa que sería la tarea de control para la propia administración.
Los cargadores manifestaron su preocupación por la existencia de una flota de barcos pequeños, fundamentalmente coasters, muy envejecida. Los armadores europeos se deshacen de ellos y los adquieren empresas de fuera de la UE que siguen ofreciéndolos al mercado en condiciones muy precarias. Para paliar esta situación, se propone el establecimiento de incentivos para la renovación de esta flota por parte de los armadores europeos.
A preguntas de ACE, el secretario general informó de la intención de dar continuidad a la Mesa de Coordinación de la Carga Aérea y a sus grupos de trabajo, y de la posibilidad de destinar recursos económicos para llevar a cabo proyectos concretos.
En relación al compromiso de elaborar un observatorio de la carga aérea, similar al que se hace desde hace años para la carretera, el ministerio está trabajando en ello, estableciendo los indicadores y recopilando fuentes de datos.
Por último, Benito Nuñez informó que la Ley de Movilidad Sostenible, cuyo proyecto comenzó su tramitación en el Congreso de los Diputados y más tarde decayó por la disolución de las cortes, deberá estar aprobada antes del diciembre de este año, puesto que se trata de uno de los compromisos de España para el cobro de las ayudas del PRTR.