La Asociación de Transitarios de Valencia, ATEIA-OLTRA, ha solicitado recientemente el concurso de acreedores ante la imposibilidad de gestionar el pago de la multa de 13,4 millones de euros impuesta en su día con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y después de que el preconcurso, presentado en verano, no haya conseguido resolver su situación de insolvencia.
Tras la declaración del concurso, ATEIA-OLTRA Valencia está a la espera de que le sea asignada una administración concursal, que deberá elaborar un informe para determinar el estado patrimonial de la asociación, analizando su situación jurídica y económica. Durante esta fase ATEIA-OLTRA Valencia podrá seguir desarrollando su actividad, administrada o supervisada por el administrador.
Durante la fase del preconcurso, la asociación ha tratado de negociar con los proveedores, especialmente con entidades bancarias, para tratar de refinanciar la deuda.
El problema ya no han sido los pequeños acreedores, sino que la mayor parte de la deuda es la sanción de Competencia, una multa que de ninguna forma puede asumir.
Cuotas de las asociadas
A esta situación hay que añadir que Hacienda inició antes de verano el cobro de la multa a través del embargo de la cuota trimestral de la mayor parte de las empresas asociadas a ATEIA. Esta situación ha provocado que la asociación no cuente con apenas fondos como para mantener una mínima actividad.
La cuota de los asociados supone un importantísimo porcentaje del total de los ingresos que recibe la asociación, que debe mantener su actividad de representación y, lógicamente, el pago de las nóminas de sus dos empleados.
La Asociación, a través de sus servicios jurídicos, solicitó en julio que se levantara este embargo hasta que la Audiencia Nacional se pronunciara definitivamente sobre los recursos presentados en 2018 a la sanción. Sin embargo, Hacienda no estimó la propuesta de ATEIA y ha seguido cobrando las cuotas.
Si el administrador concursal solicitara ese levantamiento y fuera concedido, la Asociación podría mantener su actividad hasta que se conozca la sentencia, en caso contrario se vería abocada a su liquidación definitiva.
Representación
La delicada situación que atraviesa ATEIA-OLTRA Valencia ha disparado todas las alarmas entre la comunidad portuaria y especialmente entre el colectivo transitario, que teme quedarse huérfano de una representatividad más que necesaria en unos tiempos en los que la actividad transitaria se siente amenazada por las nuevas formas de competencia e integración vertical de las navieras.
ATEIA Valencia está presente en todos los foros que son relevantes para el día a día del sector (Marca de Garantía, Consejo de Calidad, Consejo de Administración de la APV –con voz-, grupos de trabajo, etc.) y su presencia está considerada como “la voz de la carga”. Asimismo, ATEIA-OLTRA Valencia juega un papel fundamental en la negociación del convenio colectivo en representación de las empresas.
La Audiencia Nacional, en silencioATEIA-OLTRA Valencia se dirigió hace tres años a la Audiencia Nacional para presentar recursos con los que paralizar la sanción. Al cierre de esta edición, el órgano judicial todavía no se ha pronunciado.
Esa falta de respuesta da pie a una mayor especulación y mantiene abiertos varios escenarios. El primero sería que la respuesta fuera positiva, se estimaran los recursos y, por lo tanto, se eliminara el pago de las sanciones. El segundo contempla la situación opuesta, lo que abriría dos nuevos caminos: el primero, que no haya posibilidad de recurso y, el segundo, que sí la haya, por lo que habría que acudir al Tribunal Supremo, que debería pronunciarse sobre la decisión de la Audiencia Nacional, abriéndose una triple posibilidad.
En primer lugar, que el alto tribunal desestime el nuevo recurso y afirme que tanto la CNMC como la AN aciertan. En este punto, las fuentes consultadas reconocen que se acabaría el proceso, ya que “acudir a instancias europeas es imposible por cuanto la legislación en materia de Competencia en la UE es mucha más estricta que la nacional”. Otra opción es la que se daría si el Supremo afirmara que la sentencia de la AN no se ajusta a derecho: “Esto daría pie a que se pudiera pedir la revocación de la sanción o que el Supremo volviera a remitir a la Comisión las cifras para realizar un nuevo cálculo”, afirman las fuentes consultadas. La tercera de las situaciones es la de que se revocara de forma definitiva la sanción.