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Cambio de marcha

  • Última actualización
    22 noviembre 2022 15:53

El 2 de agosto y el 2 de septiembre entraron en vigor dos importantes medidas que han sido reivindicadas históricamente por el sector del transporte de mercancías por carretera, como son la prohibición de trabajar por debajo de coste y la prohibición de realizar la carga y descarga por parte de los conductores. Estas y otras medidas aprobadas por la Administración en los últimos meses han hecho avanzar al sector más que en la última década. Se trata, sin duda, de un cambio de marcha que se pretende sea definitivo y conduzca al sector hacia la estabilidad que necesita.

Sin bien es cierto que en los últimos doce meses se han puesto en marcha en España medidas normativas más importantes que en toda la última década, también lo es que el avance regulatorio que se ha producido en el sector ha venido de la mano de una delicada situación económica y social, tanto en España como en el mundo.

Por ello, a pesar de que la gran mayoría del sector se felicita por los logros alcanzados, aún quedan muchos aspectos por resolver y colectivos que convencer, como es el caso de los transportistas agrupados en la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional (Plataforma), que vienen planteando movilizaciones y paros en denuncia del incumplimiento de los acuerdos adoptados.

Publicado en el BOE

En el último año el transporte de mercancías por carretera ha sido testigo de la publicación en el BOE de normas que difícilmente habría imaginado ver impresas en tan corto periodo de tiempo, como un régimen sancionador de la morosidad específico para el transporte, la prohibición de trabajar por debajo de costes o la prohibición de que el conductor realice la carga y la descarga.

Pero el hecho de que hayan visto la luz en tan corto período de tiempo no significa que las asociaciones del sector no llevaran años o décadas trabajando para alcanzarlas, especialmente en lo que se refiere a la prohibición de que el conductor realice la carga y la descarga o a la Ley de la Cadena de Transporte que prohíbe trabajar por debajo de coste. Ambas reclamaciones estaban incluidas en los paros que ha protagonizado el sector en los últimos años.

Dos Reales-Decretos Ley, uno de marzo y otro de agosto, ha conseguido que el sector disponga de un régimen sancionador de la morosidad para el transporte, convirtiendo a este sector en el único que dispone de esta herramienta para sancionar a los clientes que pagan más allá de 60 días.

Además, se ha logrado que la revisión de los precios de transporte se haga en función de la variación del precio del gasóleo, algo que ahora es obligatorio y no negociable.

No menos importante es el control de las empresas extranjeras que realizan transporte en territorio español, lo que se ha conseguido con la entrada en vigor en febrero de este año de las disposiciones del Paquete de Movilidad 1: comunicación de conductores desplazados, retorno del camión cada ocho semanas a su país de establecimiento y retorno del conductor cada cuatro semanas. Aquí entra el control a las empresas deslocalizadas y a las flotas del Este que ya realizan una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en España, aunque sus países no tienen ningún tipo de interés comercial con España.

Mención especial merece la prohibición de que el conductor efectúe la carga y la descarga del camión, de forma general, aunque hay excepciones

Carga y descarga

Asimismo, se ha reducido a una hora el tiempo de paralización del camión (tiempo de espera) para cargar y descargar, mientras que la indemnización establecida para esta paralización se aplicará a cualquier otra paralización del camión que no sea imputable al conductor.

Otro elemento importante han sido las ayudas directas para el transporte, siendo el del transporte de mercancías por carretera el único sector que ha sido beneficiario de dos líneas de ayudas, por un importe total de 1.000 millones de euros.

También se ha duplicado el presupuesto para ayudas al abandono de la actividad para el ejercicio 2022, siendo la dotación para el presente ejercicio de 20 veinte millones de euros, aunque un 50% de los solicitantes se han quedado fuera.

Mención especial merece la prohibición de que el conductor efectúe la carga y la descarga del camión, de forma general, aunque hay excepciones, pero, siempre tiene que pagarse cuando el conductor puede efectuarlas y las efectúa e indicarse su importe de forma diferenciada en la factura.

Se trata de una reclamación histórica y generalizada del sector que solo está vigente en Portugal y España. Como los conductores se encuentran con este problema cuando salen al extranjero, hay países que ya están estudiando implantar una prohibición similar en su territorio. La Unión Europea está pensando también en extender esta norma al territorio de la Unión Europea. En todo caso, llevará su tiempo que se transforme en norma, si es que ello llega a producirse.

Esta prohibición está muy en relación con la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los conductores, dado que uno de los retos a los que va a tener que hacer frente el transporte en los próximos años es el reemplazo de los conductores que acceden a la jubilación y las dificultades para aumentar flota.

Ley de la Cadena de Transporte

La Ley de la Cadena de Transporte, que supone la modificación de dos leyes (Ley del Contrato de Transporte y Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) fue publicada en el Real Decreto Ley de medidas de apoyo al transporte del 2 de agosto, siendo convalidada en el Congreso y se está elaborando una proposición de ley para dar una forma más reglamentaria al texto. El texto se redactó deprisa para cumplir los compromisos con el sector y, como reconoce Julio Villaescusa, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) hay muchos aspectos cuya redacción se puede mejorar. Por eso, la Federación ha presentado una serie de enmiendas a los grupos políticos como el que se incluya la prohibición de trabajar por debajo de costes, y la infracción correspondiente, a los contratos de transporte continuados, porque ahora solo se incluyen los transportes de envíos individuales.

El avance regulatorio que se ha producido en el sector ha venido de la mano de una delicada situación económica y social, tanto en España como en el mundo
$!El 2 de septiembre entró en vigor la prohibición de realizar la carga y descarga por parte de los conductores.

Temas pendientes

Mientras tanto, el sector sigue trabajando en temas pendientes aún de negociación con la Administración, con los cargadores y con otros interlocutores, como la limitación de la cadena de subcontratación que no se incluyó en la Ley de la cadena de Transporte por falta de tiempo, o la promoción de medidas para paliar la escasez de conductores. A este respecto, el Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio de Transportes están estudiando la forma de buscar alguna solución conjunta para poder disponer de conductores en los próximos meses. Asimismo, estaba previsto iniciar el estudio de los tiempos de espera en 28 plataformas logísticas para analizar las ineficiencias y valorar la necesidad de legislar para mejorarlas.

Pesos y dimensiones

En lo que se refiere al debate sobre la modificación de los pesos y dimensiones, los cargadores defienden, además de las 44 toneladas, aumentar la altura para algunos transportes a los 4,5 metros y la flexibilización de los requisitos para los megatrailers y los duotrailers.

En el acuerdo firmado en marzo, está el compromiso por parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) de aceptar las 44 toneladas, con un calendario progresivo de aplicación, un estudio previo del parque de vehículos español, las infraestructuras viarias, etc.

Otro asunto pendiente es la corrección a la baja los coeficientes de cotización a la Seguridad Social que se aplican a los conductores ya que corresponden a sectores con una elevada siniestralidad y no es ésta la realidad del sector, que lleva años demostrando que tiene una baja siniestralidad.

Escasez de conductores

Más allá de los aspectos técnicos y normativos, el sector del transporte de mercancías por carretera se enfrenta, en España y en Europa, a un reto de compleja solución, como es el de la escasez de conductores profesionales, tan necesarios tanto para sustituir las posibles bajas que se vayan produciendo por jubilaciones o abandonos., o por la misma necesidad de ampliar flota.

Para Julio Villaescusa las razones de la escasez de conductores hay que buscarlas más allá de los salarios, aunque resulta evidente que si se pagan unos mejores salarios, acordes al esfuerzo que requiere la profesión, el problema sería algo menor. Pero no estaría solucionado, porque la realidad es que el cambio de paradigma social hace muy poco atractiva esta profesión para los jóvenes, que son los que deberían entrar a la profesión: malas condiciones de trabajo, desarraigo, nula conciliación, penosidad y peligrosidad que se ven agravados con salarios poco atractivos.

Las organizaciones sectoriales y las diferentes administraciones están trabajando en soluciones para hacer más atractiva la profesión, porque mientras la economía europea siga dependiendo de los camiones, es necesario y urgente tomar medidas. Mejores salarios, aparcamientos seguros o la prohibición de la carga la descarga son algunas de las medidas que desde Bruselas se entiende mejorarían las condiciones de trabajo.

Pero queda mucho camino que recorrer y cabe también la esperanza de que la tecnología puede servir de ayuda utilizando la información procedente de los camiones y de los conductores con optimización de rutas, relevos que permitan dormir en casa haciendo los mismos kilómetros, etc.

$!Se ha reducido a una hora el tiempo de espera para cargar y descargar.
Se ha logrado que la revisión de los precios de transporte se haga en función de la variación del precio del gasóleo, algo que ahora es obligatorio y no negociable
Un acuerdo “histórico”

El acuerdo alcanzado el 17 de diciembre de 2021 entre el Gobierno de España y el sector del transporte de mercancías por carretera, que supuso la desconvocatoria del paro del transporte anunciado, se logró gracias a un paquete de medidas sin precedentes que propuso el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para mejorar las condiciones de un sector estratégico para la actividad económica del país. Se trataba de un paquete de 20 medidas, cuyas medidas normativas se aprobarían por Real Decreto-Ley.

MITMA presentó el 21 de diciembre al Consejo de Ministros el acuerdo alcanzado con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), y que supuso la desconvocatoria del paro que se había anunciado para dicha semana.

La ministra Raquel Sánchez puso en valor la apuesta del Gobierno por el diálogo y afirmó que se trataba de “un acuerdo histórico con una serie de medidas en las que ya veníamos trabajando con el sector del transporte, que dignifican el trabajo de un sector estratégico para la economía y además palían asimetrías que se daban en este sector”.

El acuerdo fue fruto de las diversas reuniones de trabajo mantenidas entre ambas partes, centradas en la negociación de medidas para mejorar las condiciones del sector; medidas en las que ya se venía trabajando en el marco del Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera, el llamado “Plan Impulsa”.

Este Plan es el primer plan específico diseñado para la sostenibilidad del sector desde el punto de vista económico, social y medioambiental, que contiene un conjunto integral y equilibrado de medidas y pretende constituir una hoja de ruta que marque los objetivos del sector para los próximos años, y que gracias al acuerdo alcanzado acelerará su implementación.

Principales medidas normativas

Entre las principales medidas de tipo normativo se acordó:

- Trasposición de la directiva de trabajadores desplazados, que limitará de manera muy relevante la competencia desleal de empresas extranjeras de transporte en España.

- Prohibición de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga, salvo determinadas excepciones.

- Obligatoriedad de la revisión del precio del transporte por la variación del precio del gasóleo.

- Refuerzo de los medios de inspección para evitar la competencia desleal.

- Creación de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías, que fomente relaciones justas, equilibradas y leales entre las empresas que intervienen en la contratación del transporte de mercancías. Además, se establecerá un Registro Estatal de empresas que lo suscriban.

- Creación de un estándar para la certificación de las zonas de carga y descarga en relación con los servicios y condiciones ofrecidas a los transportistas profesionales.

Otras medidas

- Mantenimiento del régimen actual del gasóleo profesional durante la presente legislatura.

- Dentro del Plan de Recuperación, subvención a la construcción de aparcamientos seguros para camiones, con una inversión total de 20 millones de euros y diseño de un plan de conversión progresiva de los aparcamientos de vialidad invernal a aparcamientos seguros.

- Estudio de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga para poder definir el coste de estas esperas y establecer las medidas necesarias en este ámbito.

- Puesta en marcha de un buzón de denuncia anónima sobre incumplimientos de la normativa, para facilitar la actividad de inspección de transporte.

- Se creará un grupo de trabajo para que haga una propuesta sobre las necesidades de formación y atracción de talento al sector del transporte por carretera.

- Dentro del Plan de Recuperación, se incluirán hasta 140 millones de euros para la digitalización de empresas de transporte y capacitación digital de los profesionales.

Viernes, 2 septiembre de 2022

El segundo día de septiembre fue un día histórico para el sector del transporte de mercancías por carretera con la entrada en vigor la prohibición de carga y descarga por parte del conductor. Tras décadas de peticiones, el sector culminaba una de sus grandes reivindicaciones dentro de su catálogo de exigencias al Gobierno.

“Esta nueva norma supone un cambio de paradigma en el transporte de mercancías por carretera, ya que reconoce legalmente que la labor del conductor es únicamente, y salvo excepciones lógicas, la de conducir”, señala el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), José María Quijano.

Este punto de los acuerdos alcanzados en diciembre de 2021 entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), era uno de los asuntos clave para que el sector no fuese a paro en plena Campaña de Navidad.

De hecho, el proceso de negociación se saldó con el compromiso por parte del Ministerio de aprobar antes del final de febrero de 2022 un real decreto ley (RDL) con un total de ocho compromisos, entre los que se encontraba la prohibición de la carga y descarga. Dicha normativa, que supone una importante reforma de la LOTT, fue finalmente aprobada el 1 de marzo por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE el día 2, bajo el nombre “Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística”.

Responsabilidad por la infracción

En dicha normativa se recoge la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga cuando se trate de vehículos de más de 7,5 toneladas de MMA. De esta forma, al artículo 140 de la LOTT se le añade el apartado 41 que versa sobre “la realización de las operaciones de carga o descarga por el propio conductor del vehículo contraviniendo las limitaciones que resulten de aplicación de conformidad con lo dispuesto en esta ley”.

En él se detalla que “se presume que la responsabilidad por dicha infracción corresponde tanto a la empresa bajo cuya dirección actúe el conductor del vehículo, como al cargador, expedidor, intermediario y destinatario que hubieran intervenido en el transporte”, lo que pone de manifiesto que el incumplimiento de esta nueva norma es responsabilidad tanto del cargador como de la empresa transportista.

Asimismo, se dispuso un período transitorio de seis meses para que el mercado se adaptase a la nueva norma. Este periodo finalizó el 2 de septiembre con la entrada en vigor efectiva.

Además, la nueva normativa fue reforzada en el nuevo Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en el que se da cumplimiento al compromiso de desarrollar reglamentariamente la excepción de la prohibición de las labores de carga y descarga para la carga fraccionada.

Las 10 medidas de la Comisión Europea frente a futuras crisis

El COVID supuso un importante desafío para las cadenas de transporte de mercancías con fronteras cerradas, aumento de la burocracia, exigencias a los conductores, etc. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha vuelto a generar una importante tensión en el transporte de mercancías. Por eso, la Comisión Europea ha dado a conocer las diez medidas que se van a implantar para hacer frente a futuras crisis del transporte.

A petición del Consejo, la CE ha elaborado una guía con las 10 medidas imprescindibles para asegurar el flujo continuo de la cadena de transporte en cualquier situación de crisis que se pueda producir en Europa. La pandemia, desde marzo de 2020, la guerra en Ucrania, pero antes la erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull en 2010 y el colapso del Rastatt Tunnel en 2017 ya habían generado importantes tensiones en la cadena de suministro europea.

El plan de contingencia se ha desarrollado a partir de las lecciones aprendidas durante la crisis sanitaria, como las Green Lines (que recomendaban facilitar el cruce de fronteras a los conductores y no tenerles retenidos más allá de 15 minutos) o el paquete de medidas “Ómnibus”, que introdujo exenciones y medidas excepcionales con carácter temporal en la legislación de transporte con el fin de facilitar al máximo esta actividad esencial para la supervivencia europea.

Las diez medidas que propone la Comisión para que el transporte no se vea afectado por futuras crisis tienen el objetivo de que el sector esté mejor preparado para dar una respuesta rápida a cualquier tipo de contingencia o incidencia que pueda suponer una ruptura de la cadena de transporte: desastres naturales. ciberataques, conflictos militares, fallos en la infraestructura, ataques terroristas, pandemia, o algo que preocupa mucho y a muchos, posibles cortes de energía.

Estas diez medidas son:

1 Adaptar las leyes de transporte de la Unión Europea a situaciones de crisis: Algunas leyes de transporte ya tienen cláusulas de emergencia, como el artículo 10 del Reglamento sobre acceso al mercado internacional del transporte por carretera (que permite establecer cláusulas de salvaguardia de los mercados interiores si el cabotaje perturba seriamente el funcionamiento del mercado de un Estado miembro).
En su caso, las leyes de transporte de la UE deben modificarse para introducir disposiciones para hacer frente mejor a una crisis importante teniendo en cuenta que no deben dar lugar a excepciones indebidas en la aplicación del Derecho de la UE.
En concreto, en lo que afecta al transporte por carretera, la Comisión tiene la intención de analizar si es adecuado ofrecer flexibilidad temporal adicional en la aplicación de las normas de transporte por carretera sobre restricciones y tiempos de conducción, al tiempo que se garantiza la seguridad de las operaciones de transporte en todo momento.

2 Asegurar un apoyo adecuado para el sector del transporte: para fortalecer la capacidad de transporte de hacer frente a estas crisis es imprescindible mejorar la conectividad y la sostenibilidad del sistema de transporte de la Unión Europea. Los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia y los del Next Generation dedicarán una cantidad significativa a mejorar la sostenibilidad del sistema europeo de movilidad.
Una parte importante de los fondos pretenden la transformación ecológica del transporte, pero abordan otras prioridades, como su transformación digital y la cohesión social y territorial. Además, en el contexto geopolítico actual, muy afectado por la agresión militar rusa en Ucrania, la reducción de la dependencia de la Unión Europea de los combustibles fósiles es aún más urgente.

3 Garantizar la libre circulación de bienes, servicios y personas: el sistema Green Lanes, que se puso en marcha durante la pandemia, puede reactivarse cuando sea necesario para hacer frente a cualquier nueva crisis que afecte al transporte de la Unión Europea. La Comisión tiene previsto proponer un Instrumento de Emergencia del Mercado Único en 2022 que proporcionará un marco legal para aplicar medidas de respuesta a las crisis importantes para el sector del transporte, en particular la libre circulación de mercancías, servicios y personas. Es necesario que se reduzcan al máximo los controles fronterizos en situaciones críticas para asegurar el flujo y garantizar que las esperas para cruzar no superarán los 15 minutos. En la misma línea hay que facilitar la transición a la digitalización de toda la documentación de a bordo.

4 Gestión de los flujos de refugiados y repatriación de pasajeros y trabajadores del transporte varados: afecta especialmente a la situación de pasajeros o trabajadores del transporte que han quedado retenidos fuera del territorio de la Unión por situaciones de conflicto y sobre la necesaria cooperación para su repatriación al territorio de la Unión Europea.

5 Garantizar la conectividad mínima del transporte y la protección de los pasajeros: esta disposición afecta principalmente al transporte de pasajeros y al transporte urbano de pasajeros y mercancías que está sometido a una fuerte presión para conseguir los objetivos de reducción de emisiones.

6 Compartir información de transporte: solo con información actualizada y detallada se puede hacer frente a los problemas y buscar soluciones. Por eso, para la Comisión el intercambio de comunicación entre todos los actores (autoridades nacionales, Comisión, empresas de transporte, pasajeros, trabajadores del transporte...) es imprescindible para adoptar soluciones de forma rápida. Pero, internet puede sufrir un ataque (un apagón) o puede verse la comunicación de la información comprometida por lo que hay que buscar alternativas al margen para que la comunicación y la información esté accesible a todos los actores.

7 Fortalecimiento de la coordinación de la política de transporte: la Red de Puntos Nacionales de Contacto de Transporte seguirá siendo la base para la coordinación materia de transporte. Presidida por la Comisión, de ella forman parte los Ministerios de Transporte de cada país. La propuesta es que funcione de forma permanente y flexible para poder dar respuesta de forma inmediata y coordinada a cualquier contingencia que surja.

8 Fortalecimiento de la ciberseguridad: la posibilidad de atáques cibernéticos es más real que nunca, por eso la Comisión trabaja desde hace tiempo con las instituciones y agencias interesadlas en esta materia en el desarrollo de sistemas de fortalecimiento y respuesta rápida frente a cualquier posible ataque de manera que el transporte, en ninguno de sus modos, se pueda ver comprometido.

9 Pruebas de contingencia de transporte: la Comisión, junto con las agencias pertinentes u otros actores, y basándose en los procesos existentes, propone llevar a cabo pruebas de contingencia para evaluar la preparación para crisis de acuerdo con este plan. Es decir, simular situaciones críticas que afecten al transporte y extraer conclusiones y análisis que puedan llevar a plantear nuevos escenarios y propuestas para mejorar la respuesta del transporte en caso de crisis, de cualquier tipo, para que no vea comprometido.

10 Cooperación con socios internacionales: la Unión Europea no es una isla; coopera y mantiene relaciones con muchos socios más allá de sus fronteras, por lo que es necesario fijar los mecanismos para que una situación crítica no afecte al transporte más allá de las fronteras del mercado único. La guerra en Ucrania, desatada por la invasión rusa, ha sido el último claro ejemplo de la necesidad de cooperar para que los flujos de mercancías no se vean interrumpidos.

El precio justo

El Consejo de Ministros aprobó el 1 de agosto un nuevo Real Decreto-ley encaminado a avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación. El objetivo del texto, entre otros, es implantar las medidas acordadas con el sector para mejorar las relaciones en la cadena de transporte. El “Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural” se aprobaba en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y entró en vigor al día siguiente con su publicación en el BOE.

El texto aprobado refuerza la posición del transportista efectivo, con el objetivo de evitar que se trabaje de manera estructural por debajo de los costes individuales. Asimismo, se habilita una nueva convocatoria de ayudas directas al sector del transporte terrestre dotada con 450 millones de euros, replicando las ya establecidas el pasado mes de marzo por el RD-Ley 6/2022, incluyendo en esta ocasión a los autobuses urbanos.

Apoyo económico

Este texto legal recoge disposiciones para que el precio del transporte cubra los costes individuales incurridos por el transportista efectivo, en aquellos supuestos en los que se producen los mayores desequilibrios en la negociación. También recoge obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista. Para fijar dichos gastos, será válida la estructura de partidas de costes recogidas en el Observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera elaborado por el MITMA.

En este contexto, se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros.