No hay más que analizar el shock de demanda del pasado mes de febrero provocado por el parón de China para llegar a esta conclusión.
El sector público apuesta por la multimodalidad y la regionalización de infraestructuras. Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad; Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno de España para el Corredor Mediterráneo; e Imaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada socialista, coincidieron en señalar en un reciente webinario organizado por la Cátedra Transporte y Sociedad que, en la era poscoronavirus, la globalización pasará de ser indiscriminada a regionalizada y, como consecuencia, deberá haber una política más coordinada en materia de transporte e infraestructuras.
Esas nuevas infraestructuras deberán apostar de manera decidida por los corredores ferroviarios y el transporte marítimo de corta distancia. Si bien esos modos de transporte ya están perfectamente ubicados en el mercado, esa nueva regionalización va a necesitar de un mayor desarrollo de los servicios ferroviarios con un doble objetivo. Por un lado, no depender tanto de la carretera -y por tanto tener un menor impacto ambiental-, y por otro, desarrollar una verdadera multimodalidad con la que buscar una verdadera eficiencia de cada modo de transporte.
Sin embargo, los tres representantes públicos reconocieron que este es un modelo muy a largo plazo, por lo que en estos momentos hay que conjugar la presencia de grandes hubs de transporte -sobre todo puertos y aeropuertos- con esa necesidad de infraestructuras territorializadas.
El papel de Europa
En este nuevo contexto, el papel que debe jugar Europa es fundamental. El Banco Europeo de Inversiones tiene previsto destinar entre los años 2021 y 2030 un billón de euros en políticas de transporte, dentro de la estrategia de la Comisión Europea por la promoción de una movilidad sostenible e inteligente.
La solidaridad entre los estados miembros es fundamental en los próximos años es de vital importancia, en cuanto esta crisis del Covid-19 traerá consigo un papel más relevante de los estados. Para ello, hace falta una política real común de transportes, donde se eliminen ineficiencias en los modos de transporte -como los cuellos de botella en la frontera francesa- y donde se desarrollen de manera definitiva corredores como el Mediterráneo -en todo el suelo europeo- o el Cantábrico-Mediterráneo en el caso español.
Uno de los parámetros en los que se moverá esa nueva política de transportes será el de la digitalización y la robotización de procesos. En ese sentido, aunque desde el sector público se reconoce que la implementación de las nuevas tecnologías en los próximos años puede causar la pérdida de determinados puestos de trabajo, las consecuencias a largo plazo serán la creación de mayores puestos de trabajo cualificados y altamente especializados, lo que va a requerir asimismo una nueva oferta formativa, reduciendo costes y aportando un mayor valor añadido.