BARCELONA · En marzo de 2023 entró en vigor en Barcelona la llamada “tasa Amazon”, un impuesto que según los responsables municipales pretendía descongestionar la ciudad incrementando “los espacios libres de tráfico” al mismo tiempo que fomentar el comercio de proximidad.
La tasa gravaba a las grandes empresas de distribución que facturan más de un millón de euros anuales en la ciudad pero diferentes expertos advirtieron que el impuesto terminaría recayendo en el consumidor final.
La sección 1ª de la sala contencioso administrativo del TSJ de Catalunya ha dictado sentencia que estima el recurso interpuesto por ‘UNO, Organización Empresarial de Logística y transporte’ contra un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona en relación al pago de una tasa que el Ayuntamiento aplica a las empresas de distribución de productos de comercio electrónico, la conocida como ‘tasa Amazon’, al considerar que esta tasa que se les aplica infringe el principio de la libre circulación de mercancías.
Según la sentencia, los magistrados del TSJ consideran que la medida supone “un auténtico ‘impuesto’ que grava los rendimientos obtenidos por actividades de empresarios privados de manera virtualmente idéntica a los impuestos que gravan la adquisición de renta por actividades, expresiva de capacidad económica”.