Los representantes de la UGT mantuvieron el pasado martes una reunión con Ábalos en la sede del ministerio de Fomento en la que el sindicato expuso su posicionamiento en distintas cuestiones relativas al sector del transporte.UGT mostró su preocupación ante el ministro de Fomento "por la posibilidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fije una sanción económica al sector de la estiba al considerar que el acuerdo entre patronal y sindicatos, del pasado mes de junio de 2017, genera restricciones a la contratación cuando, lo cierto, es que dicho acuerdo permitió establecer garantías en el empleo a través de un compromiso de subrogación de trabajadores, además de garantizar la paz social en los puertos". A juicio del sindicato, "la entrada de la CNMC como elefante en cacharrería puede dinamitar lo que empresarios y sindicatos del sector -a través de la negociación- lograron hace un año".Respecto al transporte de mercancías por carretera, los representantes sindicales aclararon al ministro "que el discurso empresarial sobre la escasez de conductores cualificados tiene su causa en la pérdida de atractivo de la profesión por su pobre remuneración". Desde UGT aseguran que "las empresas compensan la formación y cualificación de los conductores con: salarios a la baja, jornadas irregulares -sin compensación por exceso de jornada- y contratación de trabajadores de Europa del Este en condiciones muy precarias y por menos salario".Respecto al sector aéreo, UGT "reconoció la importancia de los compromisos alcanzados, recientemente, en la negociación del IV convenio sectorial de handling aeroportuario, especialmente respecto a la subrogación de trabajadores y a la mejora del poder adquisitivo de los profesionales del sector, apelando a la importancia de que éstos se materialicen y se cierre la firma del citado convenio".Y en cuanto al modelo ferroviario, el sindicato "sigue preocupado ante la liberalización sectorial fijada para el año 2020 a nivel europeo". UGT considera "que tanto Renfe como Adif deben seguir siendo entes de titularidad pública y operando en un marco de competencia con empresas privadas -un modelo que no es ninguna aberración ni genera distorsiones-. Creemos que la gestión de una empresa pública puede ser rentable socialmente y económicamente sostenible, garantizando un servicio público de calidad, eficaz y eficiente, con unas condiciones laborales que impidan la competencia desleal".