Esta declaración vino a reforzar los argumentos de los trabajadores, quienes a través de Begoña Tejada, de la Asociación de Trabajadores Dependientes de la Actividad del Puerto (ATDAPA), leyó una declaración que concluyó pidiendo la dimisión de Miguel Ángel Pavón, portavoz de Guanyar y ex concejal de Urbanismo, porque "no se puede firmar y huir".Miguel Ángel Pavón firmó el pasado mes de noviembre seis decretos (dos para cada una de las empresas estibadoras) para ordenar el cese de la descarga de graneles al aire libre en el puerto de Alicante. Estos decretos fueron suspendidos posteriormente de manera cautelar por el juez al considerar que su aplicación podría causar un "daño irreparable".Según aseguró a este Diario el presidente de ATDAPA, Pepe Castell, "teníamos derecha a intervenir en el pleno y allí quisimos reflejar con datos concretos la importancia del puerto de Alicante, ya no solo para la ciudad, sino para la economía y el tejido productivo de toda la provincia"."Nosotros somos los primeros interesados en defender el medio ambiente y en tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud en nuestro trabajo, no tendría sentido lo contrario. Pero además, es necesario que todos sepan que la actividad portuaria incide en la economía global y de ella dependen 2.000 familias", explicó.Asimismo, "si tenemos en cuenta que de el sector del mármol y la grava dependen otras 10.000 familias, es evidente que paralizar la actividad de las graneleras tendría unos daños irreparables, tal y como dijo el juez".Pepe Castell incidió en que las empresas estibadoras alicantinas cuentan con todos los permisos y licencias, "además de una declaración responsable que Pavón no quiso aceptar. En ninguno de los estudios que se han realizado se ha acreditado contaminación alguna y en ninguno de los informes médicos a los que se han sometido los trabajadores se ha detectado anomalía alguna vinculada al tráfico de graneles".El representante de los trabajadores apeló a que "se sepa detectar cuál es realmente el interés general".
Tensión en el plenoEl pleno del pasado jueves, no obstante, vivió momentos de tensión cuando una treintena de trabajadores, presentes en la reunión, se enfrentaron verbalmente con el edil increpándole su actitud de firmar los decretos justo antes de abandonar sus competencias en Urbanismo, así como el contenido de su intervención.
MociónA la declaración aprobada el jueves por el pleno, se añadió una moción presentada por Compromís en la que reclama que el Gobierno central adopte medidas correctoras definitivas en el proceso de carga y descarga de los graneles "que evite los perjuicios a los vecinos y posibles daños a la salud y al medio ambiente".Esta medidas definitivas deberían pasar, según el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, por realizar la actividad de carga y descarga en naves cerradas en depresión. No obstante, Bellido afirmó que "ahora estamos mejor que hace dos años y medio cuando esta actividad era alegal mientras que ahora cuenta con la autorización provisional de la Conselleria".