El Lehendakari del Gobierno Vasco, Imanol Pradales (en el centro), posa en Ajuria-Enea con los 15 consejeros y consejeras que forman parte de su equipo de gobierno en esta XIII Legislatura.
BILBAO. Euskadi arrancó ayer un nuevo tiempo político que, si bien no aporta cambios en lo que a la siglas de los partidos políticos que componen la coalición de gobierno se refiere, deja atrás una etapa de 12 años marcada por el liderazgo de Urkullu, quien ha cedido la makila (bastón de mando) al también peneuvista Imanol Pradales.
Tras la jura del lehendakari el pasado sábado en Gernika, el nuevo Gobierno Vasco arrancó ayer en Vitoria-Gasteiz su XIII Legislatura con la toma de posesión de sus 15 consejeros y consejeras, de los que sólo tres repiten, y la celebración del primer Consejo de Gobierno.
Considerando que PNV y PSE-EE repiten coalición de gobierno y los acuerdos suscritos entre ambas formaciones el pasado 19 de junio para la investidura de Pradales y el 10 de noviembre de 2023 para la de Pedro Sánchez, el continuismo es la tónica dominante en las políticas de transporte y logística del nuevo Gobierno autonómico.
El acuerdo de bases entre PNV y PSE-EE para el Programa de Gobierno 2024-2028, denominado “‘Ongizatean Hazi. Bienestar, Progreso, Transformación y Autogobierno para una Euskadi global”, recoge 5 grandes ejes, 32 áreas de actuación y 1.000 compromisos e iniciativas, entre las que la logística y el transporte se tratan en clave de sostenibilidad medioambiental con el ferrocarril como principal argumento y también de autogobierno, con el objetivo claro de completar el paquete de transferencias pendientes, entre las que figura la gestión de los puertos de interés general.
EJES/ÁREAS/COMPROMISOS. El “Acuerdo de bases entre EAJ-PNV y PSE-EE para el Programa de Gobierno 2024-2028” firmado el 19 de junio de 2024, recoge 5 Ejes, 32 áreas de actuación y 1.000 compromisos e iniciativas.
Las infraestructuras de transporte son, para PNV y PSE-EE, “una necesidad básica para la movilidad de la ciudadanía” que ayudan también a la “vertebración y cohesión territorial y un desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible”, teniendo “un papel fundamental en la nueva economía descarbonizada y en la transición a una movilidad cada vez más sostenible”.
Con la sostenibilidad como guía de su acción logística, el nuevo Gobierno Vasco apuesta, de forma genérica, por “fomentar la movilidad ferroviaria de mercancías, impulsando la conexión ferroviaria para mercancías de nuestros principales puertos”. En concreto, en el área de actuación de Infraestructuras, propone convertir Euskadi en “enlace clave del corredor atlántico europeo”, impulsando el Corredor Atlántico de Mercancías European Transport Networks, TEN-T mediante el desarrollo de la Autopista Ferroviaria Lille-Vitoria-Gasteiz con la construcción de la Plataforma Multimodal de Jundiz y el desarrollo de la Plataforma Logística de Lezo, potenciando la operatividad ferroviaria del Puerto de Pasaia.
Las inversiones ferroviarias incluyen también la construcción de la Variante Sur Ferroviaria entre Ortuella y Bilbao, su conexión con el Puerto de Bilbao y con la Red de Alta Velocidad (fase I) y la redacción del proyecto hasta Arrigorriaga (fase II), y la ejecución de mejoras en las infraestructuras ferroviarias de Euskal Trenbide Sarea con un nuevo acceso al Puerto de Pasaia desde Herrera en ancho métrico.
En otro de sus compromisos, PNV y PSE-EE abogan por dar un impulso decidido a aeropuertos y puertos, elevando el Aeropuerto de Foronda y sus instalaciones como aeropuerto de referencia de Euskadi para las conexiones transoceánicas y de mercancías, así como los requerimientos precisos para el desarrollo del tráfico de mercancías del Puerto de Bilbao por ferrocarril hacia la meseta y los ejes atlántico y mediterráneo.
También en clave de sostenibilidad, el acuerdo de gobierno no se olvida de la logística de última milla con los compromisos de promover avances con el transporte en el tema de emisiones y de promover las motocicletas eléctricas o vehículos de emisiones cero para el reparto de última milla, así como la creación de puntos de logística para el reparto de mercancías fuera del espacio urbano “para que estos repartidores de última milla realicen un reparto cero emisiones en el entorno de la ciudad”.
Por otra parte, entre las medidas relacionadas con la Gobernanza y la transparencia, el acuerdo expresa el compromiso de profundizar en una administración “más cercana, sencilla y eficiente”, para lo que anuncia la iniciativa de impulsar una Ley de Supresión del Colegio de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Bilbao.
Como ocurre en cada cambio de Ejecutivo autonómico, aun cuando el poder no cambie de manos, como es el caso del nuevo Gobierno Vasco, planean las interrogantes en torno a la continuidad o no en las presidencias de las autoridades portuarias, en este caso Ricardo Barkala en Bilbao y Jokin Tellería en Pasaia, que ejercen dichas responsabilidades desde 2018 y 2020, respectivamente. En ambos casos, los nombramientos fueron a propuesta de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, del PNV. Sin embargo, los cambios en la composición de los Departamentos en el Ejecutivo de esta XIII Legislatura, plantean dudas acerca de qué Departamento y qué persona tiene ahora la potestad.
El antiguo Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente tenía entre sus competencias “Puertos y Asuntos Marítimos”, pero el Decreto 18/2024, de 23 de junio, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, específica que “Puertos y asuntos marítimos” corresponde ahora al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, cuya nueva consejera, Amaia Barredo (PNV) tomó posesión ayer.
Por su parte, el nuevo Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, con Mikel Jauregi (PNV), está integrado por los órganos y unidades del extinto Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, con la excepción de la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos., quedando despojado, por tanto, de cualquier competencia en materia marítima, portuaria o de transporte y logística, al menos según se detalla en las funciones y áreas de actuación asignadas por dicho Decreto.
Entretanto, el nuevo Departamento de Movilidad Sostenible, con su consejera Susana García al frente, estará integrado por los órganos y unidades de la Dirección de Servicios y de la Viceconsejería de Transportes e Infraestructuras del extinto Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. A Movilidad Sostenible le corresponden las funciones y áreas de actuación de Ferrocarriles, Red viaria, Transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, Movilidad Sostenible, Helipuertos y Aeropuertos. Están adscritos a este Departamento el ente público de derecho privado ETS-Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea y la sociedad pública Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos.
Por otra parte, entre los consejeros del nuevo Gobierno Vasco destaca, por su “perfil logístico”, la figura de Javier Hurtado (PSE), que repite en Turismo, Comercio y Consumo, y que bien podría haberle habilitado para asumir competencias de logística y transporte de mercancías. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Hurtado fue, entre 2009 y 2011, director general del Gabinete del Ministro de Fomento y miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado y del Consejo de Administración de ADIF.
El incremento de carteras en la actual Legislatura ha motivado que el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes que lideraba el socialista Iñaki Arriola haya visto repartidas sus competencias entre otros Departamentos, dando lugar así a uno nuevo denominado “Movilidad Sostenible”, que estará a cargo de Susana García Chueca (Donostia, 1969).
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, ha desempeñado diversos cargos en la estructura del PSE-EE, incluyendo la Secretaría de Política Social e Igualdad de la Ejecutiva de Gipuzkoa hasta 2022, y posteriormente la Secretaría de Estudios y Programas.
En el ámbito laboral, ha trabajado en la empresa privada entre 1995 y 1998 antes de entrar en la política institucional en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián como concejala de Bienestar Social e Igualdad en 1999. En 2003, se unió a las Juntas Generales de Gipuzkoa como procuradora-juntera socialista, cargo que ha mantenido hasta la actualidad. Además, en 2010 asumió la concejalía de Hacienda.
Como uno de los cinco grandes ejes sobre los que se sustentará la XIII Legislatura, “Crecer en autogobierno” recoge el compromiso de trabajar por alcanzar el autogobierno “reconocido pendiente de transferir”. De conformidad con el compromiso del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, tal y como aprobó el Consejo del Gobierno español en enero de 2020 y ratificó en octubre de ese mismo año, el compromiso es proceder a negociar y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia. En este sentido, se “abordará” dentro de la Comisión Bilateral el acuerdo para la transferencia de las materias-servicios referidos, dentro de los términos recogidos por el “Informe sobre Actualización de las Transferencias Pendientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco” y en base a la relación acordada de negociaciones en relación a traspasos solicitados, en los plazos establecidos por ambos partidos el 10 de noviembre de 2023. Como se señala en el citado Informe de actualización de las transferencias pendientes, en lo que se refiere a la materia de Puertos de interés general “previa modificación de la normativa por el Estado” se reclamarían las funciones ejecutivas en los puertos de Bilbao y Pasaia. En el acuerdo suscrito el 10 de noviembre de 2023 por PNV y PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, ya se recogía que la Ertzaintza asumirá como policía integral la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativos a las infraestructuras críticas en el Puerto de Bilbao, incluido el mismo puerto y su zona restringida.