Según la APV, la denegación de la suspensión cautelar, adelantada el pasado martes por Diario del Puerto, “por las consideraciones que realiza el TSJCV, es una buena noticia para el puerto y la Comunidad Portuaria; pero sobre todo para Valencia y para los barrios próximos a la ZAL”.
La decisión del Alto Tribunal valenciano “permite continuar con los planes y plazos previstos por la APV para atender las solicitudes de inversiones superiores a los 73 millones de euros planteadas por las cuatro primeras empresas que se han comprometido a instalar sedes logísticas en la ZAL del Puerto de Valencia; y allana el camino para nuevas propuestas de inversión que se podrían plantear en breve”, asegura la institución portuaria.
Inversiones
Con las cuatro inversiones previstas hasta la fecha, se permitirá la creación de 1.518 empleos (188 directos y 1.330 indirectos), según se desprende de las ofertas socioeconómicas de las empresas presentadas. Se trata de un empleo previsto, en concordancia con los puestos de trabajo que este tipo de actividad genera en otras zonas logísticas portuarias.
Las cuatro primeras empresas aspirantes para instalarse en la ZAL del puerto de Valencia se han comprometido a contratar a parados de larga duración y a personas en riesgo de exclusión social. En todos los casos, los proyectos empresariales presentan un fuerte componente ecológico, ya sea por la instalación de complejos sistemas de ahorro energético y plantas fotovoltaicas o por el compromiso de no contratar suministro eléctrico procedente de combustibles fósiles.
Las cuatro ofertas presentadas son las de Grupo Raminatrans (9,21 millones de euros de inversión); QA Pimba (8,63 millones de euros); MSC (19,86 millones) y Medlog Iberia (35,76 millones).