La propuesta de “smart TEN-T” también aclara los procedimientos que los promotores de proyectos deben seguir en lo que respecta a la concesión de permisos y la contratación pública para proyectos transfronterizos. Las nuevas normas habían sido acordadas provisionalmente por la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo el 8 de junio.
Acuerdo "Smart TEN-T"
"Los procedimientos más claros, más rápidos y más eficientes para mejorar los principales enlaces de transporte europeos nos ayudarán a completar la red central TEN-T para 2030. Esto impulsará la conectividad en toda Europa y contribuirá al crecimiento inteligente y sostenible, que es crucial para la recuperación posterior a la pandemia”, ha explicado Oleg Butković, presidente del Consejo y ministro de Mar, Transporte e Infraestructura de Croacia
Los legisladores acordaron que el formato legal del texto será una directiva (en lugar de una regulación propuesta por la Comisión), lo que dará a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para aprovechar sus procedimientos de concesión de permisos existentes.
La directiva cubrirá proyectos que forman parte de secciones previamente identificadas de la red central RTE-T. También cubrirá otros proyectos en los corredores de la red central con un costo total superior a 300 millones de euros. Los proyectos exclusivamente relacionados con la telemática y otras nuevas tecnologías se excluirán del alcance, ya que su implementación no se limita a la red central RTE-T.
Sin embargo, los Estados miembros pueden aplicar la directiva a otros proyectos en la red central y completa de la RTE-T para permitir un enfoque más amplio y armonizado de los proyectos de infraestructura de transporte. Los proyectos cubiertos por la directiva recibirán un tratamiento prioritario por parte de las autoridades de los Estados miembros.
Autoridad
Para que los procedimientos sean más eficientes y transparentes, los Estados miembros designarán una autoridad para actuar como el punto de contacto para el promotor de cada proyecto. Dicha autoridad proporcionará al promotor del proyecto orientación sobre la presentación de documentos y otra información. Los Estados miembros pueden optar por designar la misma autoridad para todos los proyectos, o tener diferentes autoridades como autoridad designada según la categoría de proyectos, el modo de transporte o el área geográfica.
Se aplicará un límite de tiempo máximo de cuatro años a todo el proceso de concesión de permisos. Este período puede extenderse dos veces en casos debidamente justificados.
Los Estados miembros tendrán dos años a partir de la entrada en vigor de la directiva para incorporar sus disposiciones a la legislación nacional.
El anexo de la propuesta que enumera las secciones previamente identificadas de la red principal de la RTE-T cubiertas por la directiva solo se agregará después de la adopción formal del programa Connecting Europe Facility (CEF 2.0), que se espera para este año.
"Los procedimientos más claros, más rápidos y más eficientes para mejorar los principales enlaces de transporte europeos nos ayudarán a completar la red central RTE-T para 2030", asegura la Comisión Europea
EL DATO
300 M€La directiva cubrirá proyectos que forman parte de secciones previamente identificadas de la red central RTE-T. También cubrirá otros proyectos en los corredores de la red central con un costo total superior a 300 millones de euros
Estructura y plazos de la TLa red TEN-T tiene dos capas: una red integral, que garantiza la conectividad para todas las regiones de la UE, y una red central, que consta de aquellos elementos de la red integral que son de la mayor importancia estratégica para la UE. La red central se completará para 2030 y la red integral para 2050.
La Comisión presentó la propuesta en mayo de 2018 bajo el tercer paquete “Europa en movimiento”, que está diseñado para hacer que la movilidad europea sea más segura, más limpia, más eficiente y más accesible.
La aprobación hoy del acuerdo tuvo lugar en el Comité de Representantes Permanentes del Consejo (Coreper). El texto acordado ahora se someterá a una revisión jurídico-lingüística, y una votación formal tanto en el Parlamento como en el Consejo se llevará a cabo en una fecha posterior, después de la adopción de CEF 2.0.