La espada (económica) de Damocles que pende sobre Joe Biden

31 mayo 2024 05:20

Vicente Pallardó

Última actualización
31 mayo 2024 05:20

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La reelección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos el próximo mes de noviembre no parece marchar por buen camino, al menos según las encuestas. Los análisis ligan estas dificultades a una disparidad de factores, desde las dudas sobre su, según algunos, deterioro intelectual, a las disensiones que, por diversos factores, existen entre las diferentes corrientes del Partido Demócrata y los grupos demográficos que apoyan mayoritariamente a Biden. Pero, si uno sigue creyendo en la mítica sentencia (“es la economía, estúpido”) de James Carville, el asesor de Bill Clinton, no cabe duda de dónde se encuentra el punto débil del actual presidente.

No parece importar mucho que la economía se sitúe al borde del pleno empleo o que el crecimiento de Estados Unidos sea desde la pandemia el más dinámico de los países desarrollados. La clave estriba en el aumento del coste de la vida para los hogares estadounidenses. En realidad, a lo largo de la Administración Biden, los salarios reales acumulados han caído ya menos de un 1%, aunque existen considerables diferencias entre estratos de renta y Estados del país. De lo que no cabe duda (véase el gráfico superior) es de que el aumento de precios es el mayor acaecido en las últimas diez legislaturas presidenciales estadounidenses.

Desde mediados del siglo XX, solamente cuatro presidentes han sufrido durante su primer mandato una tasa de inflación superior a aquélla que recibieron del anterior mandatario: Nixon, Carter, Bush y Trump. Salvo el primero, todos fueron derrotados en su intento de reelección. Y, curiosamente, estos tres últimos son los únicos presidentes con mandato único en los últimos ochenta años. ¿Casualidad? ¿Causalidad? Malas noticias para Biden, en todo caso.

Recuerden: si piensan que es injusto que el efecto de la pandemia y la guerra en Ucrania, con su impacto sobre la inflación por el lado de la oferta, sea atribuido al presidente, están ignorando que un elevado porcentaje (menor en Europa) de la inflación estadounidense de los últimos tres años es de demanda, y en una medida significativa ocasionada por la innecesariamente sobre expansiva política fiscal de la Administración Biden. Por supuesto, la lentitud de la Reserva Federal en subir los tipos de interés también tiene su cuota de responsabilidad y, precisamente por ello, va a ser difícil que Biden reciba un impulso por parte de la Fed en forma de reducción de tipos que alivie la carga financiera de los (muchos) ciudadanos estadounidenses endeudados, castigados por la inflación...y enfadados con el presidente.

¿Son las subidas arancelarias de Biden a China un “desacoplamiento”?

Los aranceles sobre vehículos eléctricos procedentes de China cuadruplicados; los vigentes sobre las baterías de litio de la misma procedencia triplicados, igual que las compras de acero y aluminio; duplicación de aranceles igualmente para las importaciones desde China de paneles solares y microchips (desde 2025).

Vaya, este ejercicio de proteccionismo de la Administración Biden no parece un mero intento de reducción de riesgos en la relación con la potencia asiática, el famoso “derisking” impulsado por la Comisión Europea. Y, sin embargo, el perfil sectorial de las actuaciones se corresponde con ello más que con un “decoupling” o ruptura general entre ambas economías, que podría provenir más bien de la idea de Donald Trump de duplicar, en caso de ganar las próximas elecciones, los aranceles de todas las importaciones desde China (e imponer una carga del 10% adicional a las del resto del mundo).

Olvidemos por un momento el tema del acero y el aluminio, campo de actuación del Gobierno Biden por groseras razones electorales (véase nuestro “Destacados” del pasado mes). Todo el resto corresponde a limitar el peso de China en la economía estadounidense en sectores estratégicos, exactamente lo que se anticipaba después de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania: una reducción drástica de la dependencia de las democracias no liberales respecto a países no occidentales en materias de alta tecnología, transformación verde, metales raros o ciencias de la vida, entre otros sectores esenciales. Se hace, además, en buena medida de forma preventiva; por ejemplo, los vehículos eléctricos procedentes de China suponen solo el 2% de los vendidos de este tipo en Estados Unidos.

Los motivos de esta estrategia, y los beneficiados por la misma parecen fácilmente perceptibles. Pero dediquemos un momento en esta ocasión a los costes.

Primero, para Estados Unidos. Todos estos aranceles van a incrementar los costes de producción de los sectores que emplean las importaciones como materiales intermedios o materias primas, suponiendo menor generación de empleo en los mismos (¿compensados o no por los sectores beneficiados?) y mayor inflación. Algunos analistas se plantean por qué ha esperado el Gobierno Biden a sus últimos seis meses de mandato para imponer estas tarifas. Precisamente para no agravar todavía más el problema inflacionista que tanto le puede costar electoralmente (véase nuestro Gráfico del mes). Los efectos sobre los precios de estos aranceles se percibirán después de las elecciones.

Respecto a China, que sigue sin conseguir un impulso suficiente al crecimiento a través de su demanda interna, cualquier obstáculo adicional a sus exportaciones, por mucho que pueda argumentarse que es la única respuesta posible a la injusta ventaja adquirida a través de sus masivos subsidios públicos, será respondido, a su vez, con medidas proteccionistas orientadas a importaciones clave desde sus competidores. Pero mucho más interesante es la forma creciente en que las grandes empresas chinas se están relocalizando a países con acuerdos preferenciales con Estados Unidos (Vietnam, Marruecos, México), para acceder a este mercado sin sobrecargas. ¿Cómo se contrarresta esta maniobra? Atención a la renegociación en 2026 del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá-México (USMCA).

En cuanto a la Unión Europea, queda retrasada, por la parsimonia de sus procesos de decisión, en la protección de esos sectores estratégicos de las importaciones masivas desde China. Pero se abre un debate entre seguir la filosofía proteccionista estadounidense, o atraer esas inversiones directas chinas directamente al espacio europeo.

Un giro preocupante, aunque no de efecto inmediato

Escribíamos hace poco en estas páginas que ya solo dos factores obstaculizan un ciclo continuado de reducciones de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Por un lado, la persistencia de una excesiva inflación de servicios; por otro, el dinamismo de los salarios. Esta segunda variable había venido mostrando una ralentización saludable en pasados trimestres, permitiendo todavía recuperar poder adquisitivo al factor trabajo, pero reduciendo la probabilidad de una potencial espiral precios-salarios.

Por ello, el repunte hasta el 4,7% del crecimiento interanual de los salarios en la Eurozona (y hasta el 6,2% en Alemania) en el primer trimestre de 2024, es preocupante. Aunque es harto improbable que impida la casi anunciada reducción del tipo de referencia el próximo 6 de junio, sí complica cualquier movimiento adicional en esa dirección. Deberemos seguir con máxima atención, como sin duda hace el BCE, el comportamiento de esta variable en el futuro inmediato.

Al final, tiene que pasar por la vivienda

El atribulado sector inmobiliario chino, que no hace tanto llegó a generar un tercio del crecimiento económico del país, no parece capaz de coger aire sin apoyo público. La prioridad para el Gobierno central del país ha sido la restauración de los equilibrios en el sector: reducción del endeudamiento de promotoras y constructoras, moderación de precios o limitación de la dependencia de los ingresos de los gobiernos locales respecto a la puesta a disposición de suelo para la construcción de viviendas. Mientras, ha estado empleando otras estrategias, siempre de manera tibia, para estimular el lánguido (para los estándares del país) crecimiento económico de los últimos años. Finalmente sin embargo, ha desvelado un paquete de medidas de sustento al sector inmobiliario: la eliminación del límite inferior existente a los tipos de interés hipotecarios, la reducción del 20% al 15% del pago inicial de los compradores de primera vivienda y sobre todo, la autorización a empresas dependientes de los gobiernos locales para que adquieran promociones residenciales no vendidas y las reconviertan en viviendas públicas y para que recompren suelo a promotores en problemas. En todo caso, con un importe máximo equivalente a 41.000 millones de dólares, el efecto se quedará probablemente muy corto en su intento de revitalizar al sector.

Las cifras empiezan a no cuadrar

La consecución de los objetivos de freno al calentamiento global fijados en la Cumbre del Clima de París (2015) siempre ha significado un considerable reto económico con una doble dimensión; primero, la multiplicación de la inversión en infraestructuras verdes necesaria para lograr tales objetivos, que la Agencia Internacional de la Energía cifraba hace un par de años en 4 billones de dólares anuales, el triple de la realizada a nivel global en 2021 o 2022. Segundo, la transferencia de fondos al mundo en desarrollo para que pueda permitirse afrontar la parte de tales inversiones que precisan, porque lo cierto es que el esfuerzo hasta ahora está localizado casi en exclusiva en los países desarrollados y China. Pese a todo, en general se ha afirmado que la cuestión era más de voluntad de efectuar el cambio que de recursos. Pero si un reciente informe de la Climate Policy Iniciative, que apunta a la necesidad de inversiones por valor de 9 billones de dólares anuales a alcanzar en 2030 para cumplir los objetivos de la COP1, está en lo cierto, los números empiezan a no cuadrar. Al menos en un mundo volcado en la inversión en una nueva generación de tecnologías, algunas enormemente demandantes de energía, en incrementar los gastos de defensa o en estrujarse las neuronas para hacer compatibles posiciones fiscales fuertemente desequilibradas con el aumento de los gastos sanitarios y de pensiones fruto del envejecimiento demográfico. En cuanto al trasvase de fondos al mundo en desarrollo, siempre parece ser cosa para otro día. Feo panorama, por tanto.

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