El Comité de Mercado Interior ha adoptado su posición sobre la reforma del Código Aduanero de la UE, que reestructurará la forma de trabajar de las autoridades aduaneras en la unión.
BRUSELAS. El proyecto de informe fue aprobado en comisión con 34 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. Ahora se someterá a votación en una próxima sesión plenaria (muy probablemente en marzo) y constituirá la posición del Parlamento en primera lectura. El expediente será seguido por el nuevo Parlamento tras las elecciones europeas del 6 al 9 de junio.
Los eurodiputados respaldaron la propuesta de la Comisión y la modificaron para simplificar aún más los procedimientos, aclarar el tratamiento de datos y la accesibilidad, crear una plataforma para los denunciantes, hacer que el nuevo DataHub de la UE esté disponible antes, facilitar el comercio y aligerar la carga, especialmente para las PYME.
La reforma propuesta pretende aliviar a las autoridades aduaneras, sometidas a una enorme presión debido al crecimiento exponencial del comercio electrónico y a las numerosas normas, prohibiciones, obligaciones y sanciones sobre nuevos productos que la UE ha establecido en los últimos años.
La ponente parlamentaria del expediente, Deirdre Clune, declaró tras la votación: “Este informe refuerza la necesidad esencial de que la UE garantice que las mercancías que entran en su territorio son seguras y cumplen los requisitos de la UE, al tiempo que garantiza que los procedimientos aduaneros son lo más eficientes posible para los operadores económicos, reduciendo las cargas administrativas de las empresas. Con los crecientes volúmenes de comercio, especialmente en el comercio electrónico, y el número cada vez mayor de requisitos no fiscales que deben comprobarse en la frontera, es preciso acelerar la armonización en el marco del CAU y algunas nuevas ventajas, como el Centro de Datos Aduaneros, para hacer frente a estos retos.”
Nuevo enfoque del comercio electrónico
En la actualidad, el 65% de los envíos de comercio electrónico se infravaloran deliberadamente, lo que supone una importante pérdida de ingresos. Además, hasta el 66% de los productos comprados en línea no cumplen las normas de seguridad de la UE. La nueva normativa obligará a las grandes plataformas a presentar información sobre los productos que vayan a enviarse a la UE en el plazo de un día desde su compra. De este modo, las autoridades aduaneras tendrán una mejor visión de conjunto de los envíos entrantes y de las mercancías que puedan incumplir las normas de la UE.
Controles aduaneros más eficaces y selectivos
Un nuevo sistema multinivel de operadores de confianza garantizaría que las autoridades no pierdan tiempo controlando una y otra vez a las mismas empresas respetuosas de la ley y se centren en cambio en las empresas más arriesgadas. Las empresas que acepten someterse a controles preliminares exhaustivos se beneficiarán de una serie de procedimientos simplificados. Las empresas más fiables y transparentes obtendrían un estatus de operador de confianza que les permitiría someterse a unos controles y trámites aduaneros mínimos.
Nueva plataforma informática
La nueva ley establecería un DataHub de la UE como plataforma principal para presentar información a las autoridades aduaneras. Esto permitiría tener una mejor visión de conjunto de las incoherencias sospechosas, los posibles casos de fraude fiscal y los riesgos relacionados con determinadas empresas o mercancías. Gracias a ello, las autoridades podrían centrar sus controles en los envíos y empresas menos fiables.
La plataforma también beneficiaría a las empresas al sustituir a más de 111 sistemas informáticos distintos relacionados con las aduanas que se utilizan actualmente en Europa. El envío de información sería más sencillo, lo que reduciría la carga y los costes.
Los eurodiputados quieren que el DataHub de la UE entre en funcionamiento antes de lo propuesto por la Comisión (es decir, en 2028) como proyecto piloto voluntario. Además, quieren crear una plataforma separada para los denunciantes, de modo que los consumidores y las empresas puedan denunciar fácilmente los productos que no cumplan las normas de la UE.
