Numerosas son las urgencias que se agolpan a las puertas de los gobiernos europeos. A los consabidos retos del envejecimiento demográfico, el estancamiento de la productividad y la “transición verde”, se han sumado la constatación de una alarmante pérdida de posiciones en los sectores tecnológicos de vanguardia y la necesidad de dotarse de una defensa colectiva hasta ahora sostenida en buena medida por Estados Unidos. Es frecuente plantearse que se trata de una combinación de desafíos poco menos que inmanejable. Pero, en realidad, no es eso lo que dicen los datos, al menos si nos atenemos a los recursos disponibles.
Primero, estrictamente en términos de endeudamiento público, la deuda sobre el PIB de la Unión Europea se encuentra a 20 puntos de la británica y 45 de la estadounidense. La comparación con Estados Unidos siempre es falaz (por la condición del dólar de moneda de referencia internacional, lo que confiere al país una financiación privilegiada), pero la prima de riesgo británica no es superior a la media de la UE, y emplear siquiera la mitad de esos 20 puntos de deuda adicional supondría movilizar billón y medio de euros para las inversiones requeridas en ámbitos como los citados.
Pero si, como el autor de estas líneas, considera usted que un 90% de deuda pública sobre el PIB ya es suficiente, no desespere. La UE presenta, año tras año, mayores tasas de ahorro que de inversión, con un margen en la actualidad de más de 4 puntos del PIB comunitario. Eso significa que, sin recurrir a un solo céntimo del resto del mundo, disponemos de unos 750.000 millones de euros anuales de ahorro europeo excedentario sobre la inversión (ver en el gráfico la situación para las 5 mayores economías de la región), quizás no por casualidad la cifra de incremento de la inversión anual que sugería el Informe Draghi para transformar en positivo el futuro de Europa.
Entonces, ¿por qué no se pone a funcionar ese ahorro? Primero, es necesario tener proyectos claros para afrontar los retos estratégicos. Segundo, es esencial reducir los obstáculos, burocracia al frente, para atraer al sector privado, sabiendo que éste debe obtener rentabilidad de esas inversiones; nadie va a comprometer ese volumen de dinero por puro altruismo. Tercero, como revela el gráfico, las diferencias nacionales son importantes (como también ocurre con la deuda pública), y no es fácil colaborar por el bien colectivo de Europa cuando no todo el mundo está en la misma disposición de contribuir. Y cuarto, en ambos extremos del espectro político encontramos verdaderos “Caballos de Troya” de los grandes competidores europeos, que parecen mucho más interesados en hundir la UE que en su progreso.
¿Son estos problemas irresolubles? Quizás, pero que conste que el problema de Europa no es la falta de recursos.
¿Resulta racional embarcarse en una guerra arancelaria?
La reacción inicial a la oleada indiscriminada y arbitraria de nuevos aranceles que va estableciendo la Administración Trump es de estupor, dada la carencia de lógica económica tras la misma. Se trata del empleo de la coerción como principio negociador en cualquier tema. En todo caso, más interesante es dilucidar si la respuesta racional es responder al fuego con fuego, o, en este caso, a los aranceles con proteccionismo recíproco.
Si mantuviéramos el debate en el terreno estrictamente económico, probablemente la respuesta sería negativa, Por dos motivos. El primero, incluso un arancel generalizado de Estados Unidos a todos los productos y todos los países, tendría un efecto limitado. En un muy interesante estudio de BBVA Research, recientemente presentado en un seminario de la Cátedra ValenciaPort de Economía Portuaria y que se puede consultar en su web, se establece ese impacto negativo, para un arancel general del 10%, en alrededor de una décima y media del PIB mundial, no irrelevante pero sí muy modesto, con un efecto diferenciado por países (afectando más a socios cercanos, como Canadá y México; el impacto sobre España sería similar a la media). En realidad, la economía estadounidense es relativamente cerrada y, además, debe subrayarse la imposibilidad real de sustituir las importaciones por producción nacional.
El segundo motivo para no embarcarse en una guerra arancelaria es que la carrera al alza en la misma podría extenderse de represalias bilaterales entre Estados Unidos y el resto de los países a acciones proteccionistas generalizadas, con un impacto devastador, entonces sí, en el comercio, y con él la producción, mundiales. De hecho, en el futuro nos veremos obligados a referirnos a otras escaladas iniciadas por la Administración Trump, tanto o más serias que la comercial, en el ámbito de la desregulación, tanto tecnológica como financiera. Hay que reconocer que un efecto de deterioro similar a la imposición general de aranceles puede devenir de la implementación de nuevas regulaciones europeas en términos de estándares medioambientales. Aunque en este caso hay razones fundamentadas detrás, sería ingenuo pensar que el resto del mundo no las percibe como proteccionista.
No obstante, el hecho de que en términos puramente económicos no responder a la subida de aranceles de Estados Unidos ofrecería mejores resultados, resulta casi imposible defender esta opción en la práctica. En primer lugar, porque absorber sin réplica un primer golpe induciría probablemente, en la peculiar forma de entender las relaciones internacionales de Trump y su equipo, no a una negociación mesurada para revertirlo, sino a medidas adicionales adversas. Y el efecto negativo de aranceles no del 10%, sino del 25% o del 50% o a saber de qué nivel, sería mucho mayor, para los socios afectados... y para EE.UU. Adicionalmente, en el turbulento mundo actual, la afirmación de la soberanía nacional y, con ello, del respeto que cualquier país merece, parece requerir cierto nivel de asertividad ante medidas arbitrarias y carentes de argumentos.
Por tanto, ante la catarata de aranceles de Estados Unidos, tres sugerencias: represalias, no en forma de mayores tarifas generalizadas, sino orientadas a productos de consumo final, no intermedios, y procedentes de áreas electoralmente sensibles para Donald Trump; negociación de aspectos concretos de las relaciones comerciales (no mezclando otros temas carentes de relación), que puedan resultar razonables y siempre con reciprocidad; y, finalmente, profundización de acuerdos comerciales con terceros, aprovechando que esa intensificación será buscada por muchos países. Si atendemos a ciertos comentarios de altos responsables europeos, esas serían las tres vertientes de la respuesta (acertada) de la UE a la Administración Trump en materia comercial.
El petróleo se pone de perfil
A pesar de las continuas turbulencias geopolíticas y económicas que definen la realidad internacional, resulta remarcable la estabilidad del precio del petróleo, situado en la franja de los 70-75 dólares por barril, con mínimas excepciones, durante los pasados seis meses. La ausencia de fluctuaciones significativas es aún más acusada en lo que llevamos de 2025. Una oferta gestionada con cautela por la OPEP (pese a las presiones de Donald Trump para que la incremente) y una demanda tibia, con los problemas de crecimiento en Europa y China, explican esa estabilidad, a un nivel que cumple varios objetivos: primero, facilita avanzar en el retorno de la inflación a los niveles habituales, tras la escalada del trienio 2021-2023, sin penalizar el crecimiento económico de los importadores; segundo, proporciona un flujo de recursos razonable, aunque ajustado, a los exportadores; tercero, se sitúa en el mínimo necesario para que sea rentable el incremento de la producción que tanto obsesiona al presidente estadounidense; cuarto, es lo suficientemente elevado como para que las energías renovables, apoyadas en tecnologías en continua mejora, dispongan de un diferencial de costes cada vez más favorable, evitando un obstáculo que, no hace tantos años, frenaba el impulso a la transición verde. No será mala noticia que el precio del petróleo continúe con esta tendencia en los próximos trimestres.
Entre tanto ruido, que no pase desapercibido
Entre amenazas a los presuntos aliados, recortes draconianos en el sector público, liquidación de organismos reguladores independientes y aranceles impuestos sin el menor criterio ni lógica económica, hay todavía una faceta más de las actuaciones de la Administración Trump que no debe obviarse. El Presidente ha decidido poner punto final a la Foreign Corrupt Practices Act, promulgada en 1977 y ampliada en 1998, y que prohibía el soborno de autoridades extranjeras como manera de facilitar la consecución de contratos públicos. Bajo el argumento de que eso ponía en desventaja a las compañías estadounidenses a la hora de corromper a gobiernos foráneos (como si éste fuera un objetivo legítimo), la decisión de Trump elimina un mecanismo que ha funcionado como referencia del combate contra ese tipo de prácticas a nivel internacional durante más de cuatro décadas. La FCPA ha desempeñado este papel porque su aplicación (y sus sanciones) no se ha ejercido solo sobre empresas estadounidenses, sino sobre cualquiera que mantuviera la menor relación, vía comercial o financiera, con Estados Unidos, algo que, quizás con excepción de algunas compañías chinas, es difícil de evitar. Eliminar los sobornos de la negociación por esos contratos, más allá del aspecto ético, ha supuesto suprimir un coste manifiestamente improductivo para las empresas aspirantes a los mismos. Otra preocupante decisión de implicaciones globales del nuevo gobierno estadounidense.
Los costes de la descoordinación
Hemos relatado ya con anterioridad en estas columnas, sobre todo refiriéndonos a la Administración Biden, los riesgos que para la estabilidad de precios (y, por ello, para la política monetaria) tiene una política fiscal excesivamente expansiva. Mucho más acusada y polémica es la desavenencia entre el Banco Central de Brasil y la Administración Lula por lo que el primero entiende como excesiva laxitud de la política fiscal, que compromete su objetivo de inflación.
En respuesta, la economía brasileña padece los efectos de un tipo de interés de referencia del 13,5%, con mucho el más elevado (Turquía al margen) de las grandes economías internacionales. Incluso aceptando que la pasión por el gasto público del gobierno es excesiva y preocupante en un país ya seriamente endeudado, semejante restricción monetaria, cuando los últimos datos sitúan la inflación en el entorno del 4,5% interanual, parece una respuesta desproporcionada. Es posible que esa desavenencia se reduzca con el nuevo gobernador del Banco Central, Gabriel Galípolo, nombrado por el gobierno. Aunque Galípolo dejó claro que la autonomía aprobada para el Banco Central en 2021 será la guía que marque sus actuaciones, cabe anticipar una política más laxa en un futuro próximo.
