MURCIA. José Mª Albarracín, presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM); Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV); y Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), junto a José Cano, vicepresidente de CEA y al frente también de ASEMPAL, la Asociación Empresarial de la Provincia de Almería, se reunieron en la sede de la confederación regional murciana para analizar la situación actual en torno a estas tres cuestiones y valorar futuras actuaciones conjuntas.
Para CEA, CROEM y CEV, son imprescindibles y complementarios el esfuerzo y el compromiso de las Administraciones autonómicas y las acciones del Gobierno central, que tiene competencias de inversión en infraestructuras estratégicas como el mencionado Corredor del Mediterráneo. Los severos retrasos del proyecto están impidiendo la conexión intermodal con el sistema portuario en tres regiones que superan los 1.700 kilómetros de costa y albergan 11 de las 48 Autoridades Portuarias del país.
El presidente de CROEM, José María Albarracín, afirmó que es “prioritaria también la ejecución, sin más demoras, del Corredor Mediterráneo, proyecto estratégico para los tres territorios, y el tercer carril de la A-7 entre Murcia y la Comunitat Valenciana, saturada de vehículos particulares y de tráfico pesado”.
El presidente de CROEM recordó además que la región está pendiente de la tramitación de la nueva dársena de El Gorguel en el Puerto de Cartagena, “otro proyecto irrenunciable por lo que supondrá en términos de riqueza y empleo para la región y para el conjunto de España”.
El líder de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, enfatizó: “Europa comienza en Algeciras (Cádiz). El suyo y el de Valencia son los dos puertos mercantes más importantes de nuestro país. Urge un desarrollo pleno, que respete lo comprometido, del Corredor Mediterráneo. La movilidad y la logística están siendo grandes damnificadas de una política inversora discriminatoria. Del mismo modo que una gestión innovadora y audaz de la sequía, como problema estructural que no coyuntural, exige que se eleve a cuestión de Estado, muy ligada al desarrollo sostenible de nuestras economías y a la transición energética”.