madrid. En el transcurso de una rueda de prensa convocada de forma expresa para ofrecer explicaciones, ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció una auditoría específica a cargo de la Inspección General de Servicios con el objetivo de analizar con detalle los contratos que se firmaron en ese momento por OPPE y Adif y aportar toda la información posible para ser transparentes y ayudar a las comisiones de investigación parlamentarias que se van a crear y a los Tribunales de acuerdo con el procedimiento abierto.
Sobre dichos contratos, Puente adelantó que supusieron la adquisición de 13 millones de mascarillas, 8 millones adquiridas por Puertos del Estado y 5 por Adif ; que todas ellas fueron adquiridas por estos organismos públicos porque se les designó al tener en ese momento la capacidad presupuestaria necesaria y la experiencia en la contratación de grandes volúmenes; que los precios de adquisición (2,5 euros por mascarilla en el caso de OPPE y 2,37 en el caso de Adif) fueron los más baratos de todas las adquisiciones del sector público según un informe del Tribunal de Cuentas; y que las órdenes ministeriales fueron firmadas por el subsecretario, quien dio la orden y por quien el propio Puente puso ayer la mano en el fuego.
En este contexto, Óscar Puente quiso precisar que “los contratos podían estar bien, pero esto no excluye que hubiera personas que se lucraran ilícitamente”.