Esta es la principal conclusión del estudio que ayer dio a conocer el Consejo General de Agentes de Aduanas de España y que ha sido encargado a la consultora EY, que ha analizado el impacto en el sector de las medidas que afectan a la representación aduanera recogidas en el Proyecto de Ley.
Según el informe, tal y como ayer adelantó desde primera hora diariodelpuerto.com, se estima que podrían perderse entre 6.000 y 9.000 empleos como resultado del desplazamiento de la actividad aduanera a otros países. Además, podrían perderse también entre 700 y 1.200 empleos como resultado de la mayor concentración empresarial generada, lo que sumaría una estimación total de posible pérdida de ocupación para 2025 de entre 6.700 y 10.200 empleos.
Según declaró ayer a este Diario Antonio Llobet, presidente del Consejo General, se estima que en estos momentos hay en España unas 1.500 empresas dedicadas a la prestación de servicios de representación aduanera que generan en torno a 35.000 empleos directos.
De esta forma, la pérdida de hasta 10.200 empleos de cara a 2025 por la entrada del citado Proyecto de Ley supondría prácticamente la pérdida de un tercio de los empleos directos del sector de la representación aduanera.
Según EY, se estima que las disposiciones contenidas en la actual iniciativa legislativa “ponen en peligro la viabilidad de la profesión de agente de aduanas e impactan sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica en un momento especialmente crítico”.
El informe de EY advierte sobre las implicaciones que el endurecimiento de las condiciones del ejercicio de la representación aduanera tendría sobre el comercio exterior y la internacionalización, uno de los principales motores de la economía española, del que depende un tercio del PIB.
Además, el estudio refuerza la idea de que “el régimen de responsabilidad que pretende introducirse a través del Proyecto de Ley pasaría a ser uno de los más rigurosos de la UE”.
De esta manera, España saldría del grupo de países que aplican un nivel de restricción medio –y que incluye a los estados con mayor volumen de comercio exterior como Alemania, Países Bajos, Italia y Francia– y se equipararía con países poco competitivos desde el punto de vista del tráfico exterior, como son Estonia, República Checa, Letonia o Polonia.
En esta línea, el informe elaborado por EY advierte de que una vez que se establezca el llamado Despacho Centralizado Europeo, que permitirá operar cualquier mercancía desde cualquier aduana europea que entre por cualquier frontera de la Unión, “parece previsible que haya operadores que centralicen sus operaciones desde sedes en Países Bajos, Bélgica o Alemania, y que con ello eludan la aplicación del régimen de responsabilidad más riguroso que pueda estar vigente en España”, impactando en el empleo de un sector que se enfrentaría a un duro ajuste debido al número de despachos aduaneros que podrían optar por operarse desde otros países de la UE.
Concentración
Por último, según el informe, el ejercicio de una gran presión regulatoria sobre el sector aduanero podría terminar generando una concentración de mercado.
Se considera que las compañías multinacionales se beneficiarán de disponer del músculo financiero suficiente para hacer frente a la elevada onerosidad que exige el Proyecto de Ley, y dado que también ofrecen servicios de representación aduanera, terminarán copando la logística ligada a la exportación e importación de mercancías, se advierte.
El sector se enfrentaría a un duro ajuste debido al número de despachos aduaneros que podrían optar por salir de España y operarse desde otros países de la Unión Europea
Seguir dando la batallaSegún Antonio Llobet, presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas de España, “el papel del sector exterior es fundamental para la recuperación y avance de la economía española y consideramos que las medidas del Proyecto de Ley perjudican seriamente al atractivo comercial y a la competitividad de España en el marco europeo. Asimismo, la imposibilidad de ofrecer las garantías económicas exigidas en el Proyecto de Ley pondría en riesgo la continuidad de la labor de los profesionales dedicados a la gestión aduanera, lo que conllevaría el cierre de múltiples empresas locales o la deslocalización a otros países de la UE con normas más favorables. Por lo tanto, exigimos una Ley Aduanera específica, que trate en profundidad el impacto de estos cambios en la competitividad y atractivo comercial de España, porque una gestión aduanera fluida y competitiva es beneficiosa para nuestras empresas”. En declaraciones a Diario del Puerto, Llobet insistió ayer que el Consejo va a seguir dando la batalla en el Congreso de los Diputados en permanente contacto con los grupos parlamentarios para que sus peticiones sean atendidas en el proceso de aprobación de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley, fase en la que ahora mismo está la iniciativa.