MADRID. La patronal UNO Logística ha solicitado al Gobierno de España que rechace la imposición de la compra obligatoria de vehículos eléctricos de batería (BEV) que propone la Comisión Europea, como parte de la estrategia de electrificación del transporte por carretera, “pues podría generar graves consecuencias para las empresas del sector, especialmente las pymes, al aumentar los costes operativos y dificultar la renovación de flotas”.
Así lo ha manifestado el presidente de UNO, Francisco Aranda, quien ha advertido de que “esta obligatoriedad podría poner en riesgo la competitividad del sector, y frenar la transición hacia un modelo de transporte más sostenible”. Además, ha rechazado firmemente la intención de la Comisión de imponer impuestos a las empresas que no puedan asumir esta medida: “No solo nos obligan a comprar vehículos que no podemos costear ni utilizar en todas las operativas, sino que pretenden penalizar con cargas fiscales a quienes no cumplan con un mandato que, en muchos casos, es inasumible”.
“Actualmente no disponemos de camiones eléctricos que puedan ser utilizados en todas las operativas, ni de incentivos económicos adecuados, ni de una infraestructura de recarga suficientemente desarrollada”, ha denunciado Aranda.
En este sentido, Aranda ha insistido en que abordar “la descarbonización de las flotas exclusivamente a través de la electrificación, sin contemplar alternativas que podrían ser igualmente eficaces, es un gran error estratégico”. “Desde UNO apostamos por una transición energética con una visión más amplia, que respete el principio de neutralidad tecnológica e incluya todas las opciones posibles para ser más justa con las empresas y la sociedad, y no sólo para ricos”.
“Como alternativa, avalamos, por ejemplo, la introducción de los Combustibles Neutros en CO2 (CNF), un recurso muy interesante para promover una descarbonización más razonable del transporte pesado; para afrontar los retrasos en la implementación de vehículos eléctricos; y para solventar la falta de infraestructuras necesarias -recordemos que estamos a la cola de Europa en puntos de recarga-”, ha defendido.
“Queremos que el Gobierno apoye esta y otras opciones para avanzar hacia la Green Logistic, al tiempo que se respeta la realidad empresarial y el potente empleo del sector del automóvil en España”, ha añadido. “La transición hacia un transporte más sostenible debe llevarse a cabo de manera flexible y equilibrada, sin imponer cargas excesivas a las empresas por mandato y fomentando la cooperación entre el sector público y privado”.
Antes de concluir, Aranda ha recordado que las compañías del sector están “absolutamente comprometidas con la sostenibilidad racional y la movilidad inteligente”, pero son necesarios “calendarios realistas y alcanzables, no los que se establecen desde un despacho de Bruselas”. “En muchos casos, los objetivos estipulados son inasumibles y requieren de una inversión económica y una gestión de recursos inabarcable para pymes y autónomos. Además, la sostenibilidad medioambiental hoy en día es carísima y hay que pagarla, por lo que es necesario que se nos escuche para avanzar hacia este nuevo modelo logístico sin que afecte gravemente a la rentabilidad de las empresas”, ha concluido.